LA HAYA, Holanda (AP) — El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue entregado el miércoles a la custodia de la Corte Penal Internacional (CPI), tras su arresto por una orden que lo acusa de crímenes de lesa humanidad debido a las mortales campañas antidrogas que supervisó durante su mandato.
El expresidente de 79 años llegó al Aeropuerto de Rotterdam La Haya en los Países Bajos más temprano el miércoles en un vuelo desde Manila, después de su arresto allí por una solicitud de la CPI el martes.
Grupos de derechos humanos y familias de víctimas aclamaron el arresto de Duterte, y el fiscal de la corte, Karim Khan, lo calificó como “un paso crucial en nuestro trabajo continuo para garantizar la responsabilidad por las víctimas de los crímenes más graves bajo la jurisdicción de la CPI”.
Los partidarios de Duterte criticaron a la administración del actual presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr, rival político de Duterte, por arrestar y entregar al exlíder a un tribunal cuya jurisdicción sus seguidores disputan.
La corte con sede en Holanda indicó en un comunicado que se proporcionó asistencia médica a Duterte “como medida de precaución” en el aeropuerto, de acuerdo con los procedimientos estándar cuando un sospechoso llega. La corte no comentó sobre su estado de salud.
Una ambulancia se dirigió al hangar donde fue llevado su avión, y los médicos introdujeron una camilla en el interior. Un helicóptero de policía sobrevoló cerca del aeropuerto, y más tarde se vio a una SUV negra salir del aeropuerto acompañada por la policía. Su destino no estaba claro de inmediato. Multitudes se reunieron fuera del centro de detención para sospechosos de la CPI.
En cuestión de días, Duterte enfrentará una primera comparecencia donde la corte confirmará su identidad, verificará que entiende los cargos en su contra y fijará una fecha para una audiencia que evalúe si los fiscales tienen pruebas suficientes para enviarlo a juicio completo.
Si su caso llega a juicio y es condenado, Duterte podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.
Familias en duelo tienen esperanzas
“Este es un paso monumental y muy esperado para la justicia de miles de víctimas y sus familias”, afirmó Jerrie Abella de Amnistía Internacional.
“Por lo tanto, es una señal esperanzadora para ellos, así como para Filipinas y más allá, ya que muestra que los presuntos perpetradores de los peores crímenes, incluidos los líderes gubernamentales, enfrentarán la justicia dondequiera que estén en el mundo”, agregó Abella.
Emily Soriano, madre de una víctima, declaró que quería que más funcionarios enfrentaran la justicia.
“Duterte tiene suerte de tener un debido proceso, pero nuestros hijos que fueron asesinados no tuvieron un debido proceso”, indicó.
Mientras el avión de Duterte estaba en el aire, familiares en duelo se reunieron en Filipinas para llorar a sus seres queridos, llevando las urnas con los restos. “Estamos felices y nos sentimos aliviados”, manifestó Melinda Abion Lafuente, de 55 años, madre de Angelo Lafuente, de 22 años, quien, según ella, fue torturado y asesinado en 2016.
Los partidarios de Duterte, sin embargo, critican su arresto como ilegal y exigen que sea devuelto a Filipinas. Pequeños grupos de partidarios de Duterte y personas que apoyaron su arresto se manifestaron el miércoles fuera de la corte antes de su llegada.
Investigación de la CPI
La CPI abrió una investigación en 2021 sobre asesinatos masivos vinculados a la llamada guerra contra las drogas supervisada por Duterte cuando fue alcalde de la ciudad sureña filipina de Davao y luego presidente.
Las estimaciones del número de muertos durante el mandato presidencial de Duterte varían, desde más de 6.000 que ha reportado la policía nacional hasta 30.000 que afirman los grupos de derechos humanos.
Los jueces de la CPI que examinaron las pruebas encontraron “causas razonables para creer que el señor Duterte es individualmente responsable del crimen de lesa humanidad de asesinato” como “co-perpetrador indirecto por haber supuestamente supervisado los asesinatos cuando era alcalde de Davao y luego presidente de Filipinas”, según su orden.
En su comunicado del miércoles, la CPI delineó las etapas técnicas de la próxima audiencia, sin fijar una fecha específica, y agradeció a las autoridades filipinas “por su compromiso con el mantenimiento de los mecanismos internacionales de responsabilidad”.
¿Qué sucede a continuación?
Duterte podría impugnar la jurisdicción de la corte y la admisibilidad del caso. Si bien Filipinas ya no es miembro de la CPI, los presuntos crímenes ocurrieron antes de que Manila se retirara de la corte.
Ese proceso probablemente tomará meses y, si el caso avanza a juicio, podría llevar años. Duterte podrá solicitar la liberación provisional del centro de detención de la corte mientras espera, aunque depende de los jueces decidir si conceder tal solicitud.
GMA Integrated News, con sede en Filipinas, publicó un video el miércoles de Duterte que, según dijo, fue tomado mientras estaba en el avión. “A mis compatriotas, solo para darles la situación actual”, declaró en un comunicado combinando inglés y tagalo. “Esto será un largo proceso legal. Les digo, continuaré sirviéndoles”.
El abogado de Duterte, Salvador Panelo, dijo a los periodistas en Manila que la Corte Suprema de Filipinas “puede obligar al gobierno a traer de vuelta a la persona arrestada y detenida sin causa probable y obligar al gobierno a presentarlo ante la corte y explicarles por qué (el gobierno) hizo lo que hizo”.
Marcos afirmó el martes que el arresto de Duterte fue “adecuado y correcto” y no un acto de persecución política.
La hija de Duterte, la vicepresidenta Sara Duterte, criticó a la administración de Marcos por entregar a su padre a un tribunal extranjero, que, según dijo, actualmente no tiene jurisdicción en Filipinas. Sara Duterte salió de Filipinas el miércoles para organizar una reunión en La Haya con su padre detenido y hablar con sus abogados, informó su oficina a los periodistas en Manila.
Filipinas ya no es miembro de la CPI
Duterte retiró a Filipinas en 2019 de la CPI, en un movimiento que los activistas de derechos humanos dicen que buscaba evadir responsabilidad.
La administración de Duterte se movió para suspender la investigación del tribunal global a finales de 2021 argumentando que las autoridades filipinas ya estaban investigando las mismas alegaciones, argumentando que la CPI —un tribunal de última instancia— por lo tanto no tenía jurisdicción.
Los jueces de apelación de la CPI rechazaron esos argumentos y dictaminaron en 2023 que la investigación podría reanudarse.
Los jueces de la CPI que emitieron la orden también indicaron que los presuntos crímenes caen dentro de la jurisdicción de la corte. Afirmaron que el arresto de Duterte era necesario debido a lo que llamaron el “riesgo de interferencia con las investigaciones y la seguridad de testigos y víctimas”.