La Junta Central Electoral advirtió que una eventual reducción adicional del financiamiento público destinado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos tendría un impacto negativo en los principios de certidumbre, legalidad e integridad electoral, así como en la equidad de la contienda y la seguridad jurídica del sistema democrático dominicano.
Mediante un comunicado oficial, el órgano electoral fijó su posición respecto a la propuesta del Gobierno de disminuir en un 50 % los recursos que, conforme a la ley, reciben las organizaciones políticas por parte del Estado dominicano.
La institución explicó que las autoridades responsables de la elaboración del Presupuesto General del Estado informaron públicamente su intención de reducir la partida asignada al financiamiento público de los partidos para el año 2026.
Indicó que, de acuerdo con el artículo 224 de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, en un año no electoral como el 2026 la contribución económica del Estado debe equivaler al 0.25 % de los ingresos nacionales.
Sin embargo, señaló que la Ley núm. 99-25 de Presupuesto General del Estado para el Ejercicio Presupuestario 2026, promulgada el 16 de diciembre de 2025, consignó una contribución equivalente al 0.12 %, es decir, menos de la mitad del monto establecido legalmente.
La Junta Central Electoral sostuvo que una nueva reducción afectaría la planificación financiera, operativa, educativa y logística de los partidos políticos, así como el cumplimiento de obligaciones asumidas bajo la certidumbre de una ley promulgada y de la Resolución núm. 01-2026 emitida por la propia entidad el 15 de enero de este año.
“El sistema de partidos políticos constituye un componente esencial e indispensable para la democracia, en tanto representa la columna vertebral del sistema político-electoral”, expresó el organismo.
Asimismo, recordó que la Constitución de la República, en sus artículos 211 y 212, establece que corresponde a la Junta Central Electoral garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones, así como velar porque los procesos electorales se desarrollen bajo principios de equidad en las campañas y transparencia en el uso del financiamiento.
Finalmente, la JCE hizo un llamado a las autoridades competentes para que actúen conforme al marco constitucional y legal vigente, respetando las reglas preexistentes que garantizan la estabilidad del sistema de partidos, la sana competencia electoral y el fortalecimiento de la democracia dominicana.
Por Roberto Tiburcio