En las últimas décadas, la República Dominicana, ha sido escenario de un constante aumento en los niveles de criminalidad, violencia y delincuencia.
Diversos sectores de la sociedad coinciden en señalar que uno de los factores que agrava esta situación es el desempeño de una parte del sistema judicial, en especial, de algunos jueces penales que no están cumpliendo con su rol social de garantizar la seguridad pública y la aplicación efectiva de la ley.
Cada día se presentan casos de imputados por delitos graves que, pese a ser reincidentes y ampliamente conocidos por las autoridades, son liberados bajo el argumento de que los expedientes están “flojos” o carecen de pruebas suficientes.
Este razonamiento, en muchos casos, es percibido como antijurídico por gran parte de la sociedad, ya que responde más a formalismos excesivos que a una verdadera búsqueda de justicia y protección colectiva.
La falta de coordinación entre policías, fiscales y jueces agrava aún más el problema. Mientras las autoridades del orden ejecutan arrestos y presentan pruebas, los fiscales se quejan de la debilidad de los expedientes y los jueces tienden a liberar a los implicados, generando un ciclo de impunidad que fortalece la criminalidad.
Los pueblos y barrios dominicanos sufren las consecuencias de estas fallas institucionales, enfrentando a diario robos, asesinatos y actos de violencia que se multiplican sin control.
Los especialistas en derecho penal y criminología sostienen que la justicia debe asumir un papel activo en la construcción del orden social y en la prevención del delito. No basta con aplicar la ley en sentido técnico; se requiere un compromiso ético con la sociedad, donde cada decisión judicial contribuya al fortalecimiento de la paz y la confianza en las instituciones.
Así, la República Dominicana enfrenta hoy un doble desafío, el de combatir la delincuencia y al mismo tiempo reformar un sistema judicial que, lejos de frenar el crimen, parece contribuir a su expansión.
Mientras no exista una verdadera coordinación entre jueces, fiscales y cuerpos policiales, el país seguirá atrapado en un círculo de impunidad y violencia que impide su desarrollo y estabilidad.
Es reiterativo de que la crisis actual de la justicia penal dominicana, expresada en la liberación de reincidentes, expedientes mal manejados y falta de coordinación institucional, ha sido y es señalada por los expertos como una de las principales causas de que la violencia y la criminalidad se mantengan azotando el país día tras día.
Por Luis Ramón López