La semana antepasada, durante el montaje del acto de juramentación del Mayor General (retirado) José Miguel Soto Jiménez, en el partido Fuerza del Pueblo, ocurrió un suceso bastante preocupante que llamó poderosamente mi atención, es decir, por la gravedad de las implicaciones que conlleva un señalamiento como prófugo de la justicia, por parte de la Policía Nacional, ya que pone en tela de juicio mi honor, mi dignidad y mi reputación; pero, sobre todo, porque atenta contra mi integridad física, y la de mi familia.
Así pues, resulta que ese día, luego de retornar desde el interior del país, donde me encontraba realizando actividades relacionadas con mi rol de dirigente político, me trasladé al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, para dejar allí, a dos compañeros que andaban conmigo. Asimismo, varios equipos que serían utilizados en el evento.
Pero cuando me disponía a salir del lugar para regresar a mi casa, fui interceptado por una patrulla de la Policía Nacional, cuyos ocupantes bloquearon aparatosamente mi vehículo, mientras procedían de inmediato a solicitar un documento de identidad.
Enseguida, sin oponer ningún tipo de resistencia –aunque no podía negar que me sentía profundamente confundido por ese repentino e innecesario aparataje–, procedí normalmente, sin embargo, a entregar mi cédula, y el carnet del colegio de periodistas, mientras que, simultáneamente, atendí a realizar la pregunta de rigor que se estila en este tipo de situación:
–Saludos, señores, ¿en qué puedo servirles, y cuál es el motivo de la requisa?
Entonces, un capitán de la policía que dirigía el operativo, tomó mi cédula e introdujo mis datos personales en una especie de verifone, denominado: flota inteligente. Un dispositivo que se utiliza –según me explicó otro agente–, «para depurar tanto a las personas, como a los vehículos que son seleccionados al azar en un proceso de inspección rutinario que realiza constantemente la uniformada».
En efecto, tras incluir mi número de identidad, en la flota inteligente, me informaron de inmediato que estaba «prófugo de la justicia». Lo cual, naturalmente, provocó un reacción de asombro, ya que jamás iba a imaginar que en mi contra pudiera existir semejante imputación, debido a que nunca había tenido problemas que contravengan la ley, el orden, y los preceptos constitucionales.
No obstante, en medio de la confusión que generó esa información, surgió una extraña sensación de suspicacia que apaciguó mi sobresaltado estado de ánimo. Entonces, procedí con una pregunta, en forma simple y directa:
–Díganme ustedes, ¿hacia dónde desean que los acompañe, para demostrar que conmigo se está cometiendo un grave error?
Al instante, uno de los policías abordó mi vehículo –con mi anuencia–, para guiarme hasta el destacamento más cercano, ubicado precisamente dentro de las instalaciones del Centro Olímpico. Pero no sin antes, haber permitido realizar una llamada telefónica, para contactar con un colega periodista, a quien dejé constancia del suceso que estaba en desarrollo.
Luego, en el destacamento, los agentes que se encontraban allí, empezaron a hacer preguntas capciosas, procurando recrear en mi conciencia, algún suceso que me permita entrar en razón, sobre el por qué estaba detenido; ya sea, porque cometí un delito o por algún proceso que estaba pendiente en los tribunales, lo que, inmediatamente, rechacé en forma categórica, negando rotundamente esas posibilidades, con la firmeza de la certeza que da la razón.
Es importante destacar que durante mi corta estadía en ese recinto policial, acudieron hasta el lugar varias personas, a las cuales deseo agradecer infinitamente, porque dejaron sus ocupaciones personales para verificar mi estado de ánimo, así como mi condición física. Por ende, a cada uno de ellos, ofrezco un tributo de gratitud.
Más tarde, una hora después, me trasladaron al Departamento de Prófugos, Rebeldes y Condenados de la Fiscalía del Distrito Nacional, ubicado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde fui recibido y atendido, con mucha consideración, por un fiscal adjunto, quien, después de formular varias preguntas y validar mis calidades, procedió a enviarme para mi casa, autorizando la devolución de mi vehículo que estaba retenido, al tiempo que solicitó mi presencia, el siguiente lunes.
Efectivamente, transcurrido el fin de semana, volví al Palacio de Justicia, atendiendo la petición del fiscal adjunto, a los fines de esclarecer mi situación. En consecuencia, se procedió de inmediato a introducir mi número de cédula, en la base de datos donde se registran los procesos pendientes, para buscar cualquier información en razón de mi detención. Pero, como era de esperarse, no hallaron nada que corrobore la información emitida por la «flota inteligente» de la Policía Nacional.
En el archivo del Departamento de Prófugos, Rebeldes y Condenados de la Procuraduría General de la República, no existía ni existe ningún proceso pendiente que comprometa mi nombre. Es decir que la información de la Policía Nacional, en la que figuro como «prófugo», era completamente infundada.
Inmediatamente, procedieron a dejarme en libertad; sugiriendome visitar el Palacio de la Policía Nacional, para tramitar la solicitud de exclusión de mis datos personales que «aparentemente por error» reposan en el archivo policiales de personas con asuntos pendientes en la justicia.
En el 2019, aún estando en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), me animé a competir internamente por una candidatura a regidor del Distrito Nacional. En consecuencia, tramité la expedición de un certificado de buena conducta o también conocido como de no antecedentes penales, emitido por la Procuraduría General de la República. Eso validó, en ese momento, lo que nueva vez reafirmó el Ministerio Público, sobre mi hoja de vida personal.
En resumen, a todo lo antes expresado, podemos dar dos lecturas hipotéticas, respecto a la información que tiene la Policía Nacional:
La primera suposición, aunque muy probable, estaría relacionada con un error mecanográfico que debió perfectamente haber cambiado el número de cédula de alguien más, por el número de mi cédula de identidad. Un hecho que pudo haber provocado mi inclusión, en el listado de presuntos infractores de la justicia.
La segunda y, quizás, la más difícil de admitir, pudiera guardar relación con mi postura pública, frente al gobierno del presidente Luis Abinader, por considerar que probablemente algún organismo del Estado, habría decidido incluir mi nombre, en un registro de personas, a las cuales, se estaría dando un seguimiento continúo a través de la Policía Nacional.
Afortunadamente, los agentes policiales que me detuvieron, actuaron con extremado comedimiento; salvaguardando no solo mi integridad física, sino también apegándose con rigurosidad al debido proceso; sin alterar ni violentar ninguno de mis derechos fundamentales, como ciudadano que está investido del principio de la legítima presunción de inocencia.
Sin embargo, después de toda esa confusión, todavía está latente la duda, sobre si, mi detención, hubiese ocurrido en un escenario pintado para la tragedia –casual o propiciado por algún modus operandi–, donde «alegadamente» no atendí el llamado de la patrulla policial, tal como ha sucedido en otros casos, por lo que quizás, la historia, habría sido contada de manera distinta, ya que, en teoría, se estaría hablando de «un individuo ultimado que estaba prófugo de la justicia».
¡Le doy gracias a Dios, porque cuidó de mí, delante de mis detractores!
Por ende, me permito alertar a la opinión pública; a las organizaciones políticas de la oposición; a mi partido: Fuerza del Pueblo; a la Comisión de los Derechos Humanos y la Libertad de Prensa y Difusión del Pensamiento, para que pongan ojo avizor, a los procedimientos que se estarían llevando a cabo, en lo adelante, por parte de sectores del gobierno.
Me resisto a pensar que mi caso se trató de una acción malintencionada, incoada desde algún organismo del Estado, con premeditada alevosía, para someterme a un proceso de escarceo, cuyo propósito estaría pretendiendo ahogar mi opinión, en medios de comunicación y redes sociales, en contra de los desaciertos cometidos por la actual gestión gubernamental
En lo profesional, llevo más de veinte años ejerciendo la loable labor del periodismo, apegado siempre a criterios de independencia que conducen mi accionar hasta las puertas de las diferencias conceptuales de forma no de fondo, con alguno que otro mandatario de turno. Sin embargo, nunca como ahora, he sentido la angustia latente de la sombra persecutora, asomándose sobre mi espalda.
En el pasado lejano, los dominicanos vivimos momentos difíciles de mucha incertidumbre, debido a gobiernos de naturaleza autoritaria, dedicados a censurar la libre expresión del pensamiento crítico; persiguiendo a gente inocente, con expedientes judiciales (fabricados) que excenificaron procesos de abusivas detenciones y, hasta, asesinatos que llenaron de luto y dolor a la sociedad.
En las páginas oscuras de nuestra historia republicana, descansan los nombres de hombres y mujeres que fueron perseguidos, torturados, exiliados, asesinados y desaparecidos, durante los 30 años del régimen funesto de Rafael Leónidas Trujillo, quien se caracterizó por la violenta represión a toda la oposición, proveniente de los activistas políticos que terminaban reducidos a simples criminales.
La implantación de pruebas falsas, en expedientes infundados, sin ninguna base legal sustentable, caracteriza el modus operandi de los regímenes de corte dictatorial, los cuales operan desde la oscuridad, para categorizar, perseguir, capturar y juzgar a quienes ejercían un papel opositor frente a sus actuaciones.
Así también, debemos recordar que durante la gestión de Hipólito Mejía, muchos periodistas y figuras relevantes de los medios de comunicación, fueron tenazmente perseguidos y privados de su libertad, simplemente, porque emitieron en su momento algún juicio de valor en contra de aquel gobierno.
Finalmente, ante la duda, sobre si se está utilizando a organismos de vigilancia y control del orden público, como son: El Ministerio de Interior y Policías, La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y la Policía Nacional, para identificar e incluir en listas negras, a personas que hacemos opinión pública, hago responsable, tanto al ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, como al director de la Policía Nacional, Mayor General, Eduardo Alberto Then, por cualquier incidente que ponga en peligro mi integridad personal o la de mi familia.
Por Fitzgerald Tejada Martínez (geraldtejada2413@hotmail.com)