Este calvario es como un crimen silencioso, un abuso inmisericorde que se comete día tras día contra cientos de dominicanos indefensos. Seres humanos dignos de mejor suerte, que no pidieron estar enfermos, que no eligieron cargar con una dolencia tan devastadora, pero que hoy, ven cómo la indiferencia del Estado los condena a la agonía.
Me refiero a los pacientes que dependen del Programa de Medicamentos de Alto Costo, ese salvavidas convertido en cuerda floja, donde cada retraso, cada excusa, cada silencio burocrático se traduce en aumento del dolor, del deterioro y, en muchos casos, la antesala de la muerte.
Ellos esperan, desfallecen y se consumen en la incertidumbre. Y mientras tanto, ¿quién responde? Nadie. A nadie parece importarle. La vida de estos dominicanos, frágiles y agotados por una enfermedad que los disminuye, se diluye en pasillos fríos y en oficinas donde el papeleo vale más que la salud de la gente. No es solo un silencio negligente; es un silencio cruel, inhumano.
Lo más indignante es la crueldad del doble discurso. ¿De qué sirve hablar de avances, de cobertura universal o de “país modelo”, si los más necesitados, aquellos que requieren medicamentos de alto costo para sobrevivir, siguen siendo tratados como simples estadísticas? La salud, que debería ser un derecho, aquí se maneja como mercancía. Una oportunidad de negocio más.
Por eso, desde aquí, hago un llamado directo y sin adornos: al Gobierno dominicano, en la persona del presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, al Ministerio de Salud Pública, a cada funcionario que ocupa un escritorio con aire acondicionado, escuchen el clamor de la gente. No es un favor lo que se les pide, es un deber constitucional, es un derecho humano básico.
Cada vida que se pierde por falta de estos medicamentos pesa en la conciencia de quienes tienen el poder para evitarlo y no lo hacen.
El pueblo dominicano ya está cansado de excusas y de discursos grandilocuentes. Queremos hechos. Queremos transparencia. Queremos soluciones, pero las queremos ya. La salud de nuestra gente no puede seguir siendo moneda de cambio en negociaciones oscuras ni terreno fértil para la indiferencia.
Que quede claro: si un dominicano muere esperando un medicamento que el Estado está obligado a garantizar, esa muerte no es natural: es responsabilidad directa de las autoridades.
Y no callaremos. Porque la dignidad y la vida de nuestra gente no se negocian.
Por Daniel Rodríguez González