Tomará medidas para evitar el ingreso al país de embarazadas indocumentadas
Santo Domingo.– El gobierno dominicano dio un plazo de tres meses para que las empresas o empleadores regulen el estatus de los trabajadores extranjeros que tiene contratados de forma irregular, conforme a la Ley 285-04 y su Reglamento de Aplicación No. 631-11.
La decisión fue tomada por el Consejo Nacional de Migración, durante una reunión donde participó el presidente Luis Abinader, en el salón Los Trinitarios del Palacio Nacional.
De acuerdo a la medida una vez vencido el plazo de los tres meses, todas las empresas o empleadores que requieran los servicios laborales de ciudadanos extranjeros, deberán contratarlos de conformidad con los parámetros legales establecidos en la normativa migratoria y laboral de la República Dominicana.
Para ello deben cumplir con el procedimiento y los requisitos establecidos a tales fines en la Ley y el Reglamento mencionados anteriormente.
Una vez vencido el plazo de desmonte, las autoridades ejecutarán el régimen de sanciones aplicables a empresas y empleadores, de acuerdo con el artículo 132 de la Ley General de Migración, que impone sanciones de multas de 5 a 30 salarios mínimos a quienes contraten o proporcionen trabajo a ciudadanos extranjeros ilegales o no habilitados para trabajar en el país.
Asimismo, se anunció que el Estado tomará todas las medidas necesarias, en cumplimiento de la Ley, para evitar el ingreso a la República Dominicana de todo ciudadano o ciudadana de nacionalidad extranjera que implique una carga irrazonable para las finanzas públicas, incluyendo mujeres que se encuentren en estado de comprobada gestación igual o posterior a los seis meses.
Tomará medidas para evitar el ingreso de embarazadas indocumentadas
Se informó que el Ministerio de Interior y Policía coordinará con el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo de este último, la vigilancia y el cumplimiento de los artículos del 135 al 140 del Código de Trabajo de la República Dominicana, los cuales establecen la proporcionalidad de trabajadores extranjeros contratados por una empresa o empleador.
También se destacó que el Ministerio de Interior y Policía tiene la misión de velar por el cumplimiento de la Ley General de Migración y aplicar la política migratoria del Estado dominicano como organismo que ostenta la presidencia del Consejo Nacional de Migración.
“Entendemos que un tema tan descuidado por muchos años requiere de un gran esfuerzo de consenso entre los actores públicos y privados para lograr que los usos y costumbres cumplan con las obligaciones y límites que impone nuestro ordenamiento jurídico en materia migratoria”, expresó el ministro de Interior y Policía Jesús-Chu-Vásquez, al término de la reunión.
Concluyó diciendo que el Gobierno tiene el compromiso de cambiar esta situación, porque no es posible continuar con una práctica que pone en riesgo las posibilidades de un verdadero desarrollo para todo el pueblo dominicano.
En la rueda estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa; de Salud, Daniel Rivera; de Obras Públicas, Deligne Ascensión; la directora de Control Migratorio, Lianny Vásquez, y el senador de La Altagracia, Virgilio Cedano Cedano, entre otros.
Por la redacción DA