La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó los recursos de casación interpuestos tanto por el Ministerio Público, como por la Superintendencia de Bancos y los afectados y confirmó la sentencia No. 502-2021-SSEN-00112, emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en contra de los acusados de la quiebra del Banco Peravia.
Dicha sentencia condena a cinco de los ocho imputados a siete años de prisión y al pago de dos millones de pesos entre ellos a Nelson Serret Sugrañez y a Yessenia Serret Aponte, a quienes consideraron como los que tenían mayor responsabilidad penal en el caso y ordenó el decomiso de múltiples bienes.
Mientras que a los imputados Jorge y Carlos Serret se le impuso tres años de prisión y el pago de un millón de pesos, por asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, por falsedad de escritura de banco y privada y violación a la Ley Monetaria y Financiera.
En sus conclusiones el Ministerio Público solicitó que los imputados Jorge Serret, Nelson Serret, Carlos Alberto Serret, Yesenia Serret Aponte, sean condenados a 20 años de prisión y el pago cada uno de una multa de RD$2,500,000.00.
Por el caso aún permanecen prófugos los acusados José Luis Santoro Castellano, Daniel Alejandro Morales Santoro escondidos en Venezuela, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Lorenzo Alejandro Laviosa López, Mirian Altagracia Serret Sugrañez, Evelin Serret Aponte, Luis Manuel Peña Melo, Luis Herrera Valerio esposo de Yesenia Serret, José Carlos Bergantiños y Mirian Serret Aponte alias chiquitica, contra quienes se activa su localización para ser juzgados.
Asimismo, el Ministerio Público había pedido 10 años de reclusión y el pago de una multa de RD$1,250,000.00 contra los acusados Pausides Morales Rodríguez y Florentino De Jesús Acosta.
El tribunal descargó a los imputados Rolando y Nelson Cabral Veras y al excoronel del Ejército Nacional de la Republica Dominicana, Florentino de Jesús Acosta, quien fungía como seguridad del Banco Peravia, y ordenó el cese de las medidas de coerción que pesaban en su contra.
La entidad bancaria, como banco de ahorro y crédito tenía operaciones limitadas autorizadas, pero por la poca regulación que tenía actuaba como si fuera un banco múltiple y a los depositantes les entregaban certificados financieros falsos emitidos por ellos mismos y luego acusaban a los ahorrantes de haberlos falsificados.
Tras lo que procedían a querellarse contra los depositantes para mediante ese mecanismo robarle sus ahorros y hacerlos hasta caer presos, como le sucedió a la señora Sol Sthormes Bolívar y a Betha del Carmen Fernández, a las cuales les fabricaron falsos procesos utilizando al coronel Florentino quien también se desempeñaba como encargado de inteligencia financiera del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), para impedirles la entrada al país y que no pudieran reclamar sus ahorros.
Se recuerda que otro empresario denunció a los medios de comunicación que estaba siendo secuestrado por varios hombres armados que trabajaban al servicio de los ejecutivos venezolanos del banco, secuestro que fue frustrado por la rápida intervención de la Policía Nacional de ese entonces.
Los primeros cuatro condenados tendrán que pagar una indemnización superior a los mil 888 millones de pesos a favor de las instituciones financieras del Estado como el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, además de varias empresas que se constituyeron en actores civiles y varios querellantes que fueron intervinientes voluntarios en el proceso. Los abogados que representan a las víctimas consideran que esta sentencia es muy contradictoria desde sus inicios lo que podría hacer que el tribunal constitucional pueda pronunciar su nulidad