Santiago. – Los once agentes policiales imputados por el asesinato de cinco hombres en una plaza comercial de La Barranquita, en Santiago, dispararon contra las víctimas sin emitir advertencia previa, según establece la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
De acuerdo con el expediente, los agentes llegaron al lugar en tres vehículos (dos automóviles, un Mazda y un Honda Civic, y un KIA K5 del año 2013), se posicionaron frente a la entrada del establecimiento y, sin previo aviso, abrieron fuego contra los cinco hombres.
El hecho ocurrió el pasado 10 de septiembre en presencia de testigos, uno de los cuales logró grabar el ataque antes de que los imputados le confiscaran su teléfono celular.
El documento judicial detalla que los agentes también sustrajeron los DVR de las cámaras de vigilancia de los negocios aledaños, así como varios teléfonos móviles de otras personas presentes, con el propósito de destruir evidencias y obstaculizar la investigación.
Incluso, contactaron al propietario de un local cerrado para exigirle la entrega del DVR de su establecimiento, el cual tomaron y se llevaron del lugar.
Ante la gravedad de los hechos, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó una investigación a cargo del director general de Persecución del Ministerio Público y la fiscal titular de Santiago, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del caso y proceder conforme a los hallazgos.
Solicitan 18 meses de prisión preventiva
El Ministerio Público solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra los 11 policías implicados, a quienes imputa los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario, en perjuicio de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.
Los agentes imputados son los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
La medida de coerción fue presentada ante la Jurisdicción de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, por el procurador adjunto Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público; la fiscal titular interina Quirsa Milagros Abreu, y los procuradores de corte Geraldo Andrés Ponce y Miguel Antonio Ramos.
Además, el Ministerio Público ha solicitado que el caso sea declarado como complejo, al considerar que tras el crimen, los acusados ejecutaron acciones deliberadas para ocultar pruebas y dificultar el curso de la investigación.
El órgano persecutor ha calificado jurídicamente el caso como violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario.