República Dominicana experimenta hoy un punto de inflexión histórica matizado por la afectación de una pandemia que provocó el desplome de la economía y un cambio repentino en los principales paradigmas de convivencia y gobernanza.
Gobierno, liderazgo político y clase empresarial no parecen entender la trascendencia y vulnerabilidad del presente histórico ni de las consecuencias económicas y sociales que se producirían a causa de inobservancia, negligencia en la toma de decisiones a nivel del gobierno, Estado, partidos o gremios empresariales.
El modelo de gobierno que debería aplicarse o promoverse debería consignar de manera imprescindible o determinante garantía de equidad económica y justicia social, como forma de salvaguardar en tiempo de crisis la gobernanza y la institucionalidad.
El capital ha sido por siempre como un cuerpo de agua intenso o extenso que requiere ser represado o reconducidos para que sus caudales rieguen de manera horizontal, compromiso que corresponde al gobierno garantizar a través de una fluida y justa interacción con los grupos empresariales nacionales o foráneos.
Como ejemplos de una necesaria relación de equidad y mutuo beneficio entre Estado y sector privado se resaltan temas como el cuarto polo turístico, el Puerto de Manzanillo y el complejo de generación eléctrica Punta Catalina, entre otros proyectos de gran trascendencia económica y social.
La necesidad imperiosa del gobierno de generar empleos y de los empresarios por incrementar rentabilidad, no debería desvincularse del momento de inflexión histórica que vive la nación, donde unos y otros deben aportar sacrificios en aras de conservar o consolidar gobernanza y convivencia social.
Así las cosas, al abordar formas jurídicas de creación de tipos de alianzas público privado, el gobierno no debería trazarse como estrategia vencer, sino de convencer a los diversos sectores sociales que objetan o reparan esas transacciones, como tampoco el empresariado debería incurrir en presiones excesivas.
A la ciudadanía le interesa saber con absoluta claridad cual sería el destino de los activos públicos en el proyecto Bahía de Las Águilas, estimados en un 64% de toda la inversión que se realizaría en ese polo turístico, como también se interesa por las letras pequeñas en todo lo relacionado con el complejo Puerto de Manzanillo.
En cuanto a Punta Catalina, encartar ese bien público en la figura del Fideicomiso, no resulta suficiente, toda vez que la población aspira a una garantía mayor de que el Estado habría realizado un negocio apropiado, no solo en la preservación de ese activo, sino en las utilidades que genera.
Por Orión Mejía