La sociedad acoge como bueno y válido el emprendimiento oficial de disponer cierre o fusión de dependencias públicas cuyas funciones o pertinencia resultan obsoletas o disfuncionales, no solo porque generan ahorro o impiden dispendio, sino, simplemente, porque no tienen razón de ser.
El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, la Corporación de Empresas Estatales, Consejo Estatal del Azúcar, hace tiempo cumplieron sus fines, por lo que lo prudente es proceder a su clausura o fusión.
Si doña Raquel Arbaje no desea tener ni dirigir una estructura tan amplia y compleja como lo era el anterior Despacho de la Primera Dama, lo conveniente debe ser que se desmantele y se ubiquen sus antiguas funciones en dependencias afines, sin necesidad de postular que lo anterior no tenía motivo o razón de ser.
Lo mismo puede decirse de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), un holding gubernamental cuyas funciones y bienes fueron transferidos al Ministerio de Energía y Minas, así como la fusión en un solo ente corporativo de las tres distribuidoras de electricidad.
Se encontrarán en el aparato estatal otras duplicidades donde prime el criterio del actual gobierno de impulsar convenientes reformas, sin que se crea que por ello el mundo se va a acabar, aunque en todos los casos se reclama tratamiento adecuado a los recursos humanos.
Todo lo anterior se ha escrito para advertir que ese tipo de abordaje señalado como reforma de la administración pública no puede confundirse con preocupantes rastros de neoliberalismo que afloran en algunos ministerios, que se manifiestan a la inversa de lo planteado por el presidente Luis Abinader.
Esas huellas fueron vistas por primera vez cuando el director del programa Alianza Publico Privada declaró por voluntad propia que el capital privado podría participar que el sistema de transporte público del Metro, Teleférico y la OMSA, aunque dijo que su oficina no había recibido ninguna propuesta o expresión de interés en ese sentido. ¿Por qué dijo lo que no era necesario decir?.
Posteriormente, el ministro de la Presidencia asistió a un programa de TV pre seleccionado para describir un panorama sombrío de la economía y acto seguido ofreció la mala nueva de que el gobierno tendría que desprenderse de “activos importantes”, para recoger el déficit fiscal.
Fue en ese lúgubre contexto que se planteó lo que el ministro bautizó como “ajustes fiscales”, un ramillete de impuestos que incluía el cobro del ISR al salario 13 y la penalización fiscal a las empresas que sobrevivan a la pandemia.
El presidente Abinader definió como “una locura” lo del Metro y Teleférico y desechó el “paquete de ajuste fiscal”, con lo que evitó consecuencias nefastas en términos político, social y económico. Con solo dos llamadas, el presidente resolvió el problema. Hay que seguir el rastro de un posible rebrote neoliberal.
Por Orión Mejía