CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno estadounidense le solicitó a Honduras el arresto del expresidente Juan Orlando Hernández para su extradición a Estados Unidos, confirmaron funcionarios el lunes.
La Policía Nacional y soldados rodearon el vecindario en torno a la vivienda de Hernández el lunes por la noche.
En un principio la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras indicó vía Twitter que había notificado a la Corte Suprema de Justicia del país la solicitud formal de la embajada de Estados Unidos para extraditar a un político hondureño.
La cancillería no identificó al político. Pero el actual vicepresidente de Honduras, Salvador Nasralla, confirmó a The Associated Press que la solicitud menciona a Hernández.
El presidente de la Corte Suprema convocó una sesión urgente para el pleno del tribunal el martes por la mañana en la que se elegirá al juez que considerará la petición estadounidense de extradición.
Nicole Navas, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, declinó hacer comentarios. El Departamento de Estado estadounidense no respondió a una solicitud para que se expresara al respecto.
CNN en Español reportó primero que el político era Hernández, y mostró la comunicación del Ministerio a la corte que identificaba al exmandatario.
El abogado de Hernández, Hermes Ramírez, acusó a las autoridades de ser injustas con el expresidente. Dijo que Hernández estaba en su residencia de Tegucigalpa.
“En este momento la Secretaría de Seguridad está violentando el estado de derecho queriendo ejecutar una orden de captura violentando el procedimiento que no está establecido por la ley”, afirmó el abogado. “Dejamos claro el atropello del que está siendo objeto mi representado, el expresidente Juan Orlando Hernández”.
Durante el fin de semana, el expresidente había compartido fotografías en las que aparecía jugando con sus perros, en un aparente intento de acallar los rumores de que había huido del país.
Hernández dejó la presidencia el 27 de enero al ser juramentada la presidenta Xiomara Castro. El mismo día en que Hernández dejó el puesto fue juramentado como representante de Honduras ante el Parlamento Centroamericano.
Ramírez dijo el lunes por la noche que Hernández tenía inmunidad por su puesto en la cámara regional e insistió en que tenía derecho a la presunción de inocencia.
Debido a que el sistema de justicia de Honduras es débil y está coptado, la esperanza de los hondureños para que se haga justicia estaba puesta desde hace años en los fiscales federales de Nueva York, donde una serie de revelaciones contra Hernández ha sido seguida muy de cerca en el país de América Central.
Desde hace meses ha habido conjeturas de si Hernández enfrentaría cargos una vez que ya no fuera presidente, porque los fiscales federales en Nueva York lo implicaron repetidas veces en el juicio a su hermano en 2019 por tráfico de drogas, alegando que su ascenso político fue impulsado por dinero del narcotráfico.
Hernández rechazó firmemente haber participado en esas actividades.
Su hermano, el excongresista hondureño Antonio “Tony” Hernández, fue condenado a cadena perpetua por delitos de armas y drogas en marzo de 2021. En su sentencia, el fiscal asistente de Estados Unidos Matthew Laroche describió sus delitos como “tráfico de drogas patrocinado por el estado”.
En un mensaje de audio enviado ese día a su personal, el entonces presidente dijo que la condena era dura para su familia y para él a nivel personal.
En su grabación, afirmó que la condena se basaba en testimonios falsos de asesinos confesos y citó los avances de Honduras en reducción de la violencia como prueba de su lucha contra el crimen organizado.
La fiscalía dijo que Tony Hernández negoció grandes sobornos de traficantes de drogas a su hermano a cambio de proteger sus cargamentos a su paso por Honduras. En algunos casos, miembros de la Policía Nacional y el Ejército escoltaron los cargamentos de drogas, según los fiscales.
Juan Orlando Hernández, afirmaron, recibió sobornos cuando aún era miembro del congreso hondureño y desvió sobornos a otros legisladores para que le apoyaran como presidente del organismo.
Hernández ha reiterado que las acusaciones en su contra proceden de traficantes, algunos de los cuales extraditó y buscan venganza. Ha negado cualquier implicación con los narcos.
Hernández se convirtió en presidente del congreso a principios de 2010. Para 2013 hacía campaña para la presidencia del país y supuestamente solicitó 1,6 millones de dólares de un narcotraficante para respaldar su campaña y las de otros políticos del Partido Nacional, según las autoridades estadounidenses.
Tony Hernández también recibió un millón de dólares del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán para respaldar la campaña presidencial de su hermano, según la fiscalía. Tony Hernández había prometido al líder del cártel de Sinaloa que si su hermano llegaba a la presidencia, podría proteger los cargamentos de Guzmán a su paso por Honduras.
Juan Orlando Hernández asumió el cargo el 27 de enero de 2014. Las autoridades estadounidenses alegan que siguió recibiendo beneficios del negocio de las drogas durante su mandato a cambio de permitir el paso de drogas por el país.
Hernández fue identificado como “coconspirador” en el caso del traficante condenado Geovanny Fuentes Ramírez. Testigos que declararon en las dos semanas de juicio, poco antes de la vista de sentencia de Tony Hernández, dijeron que Hernández aceptó sobornos de Fuentes Ramírez y otros narcotraficantes desde que era candidato a la presidencia y al menos hasta 2019.
En el juicio de Fuentes, Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cártel de Cachiros, declaró que había enviado 250.000 dólares a Juan Orlando Hernández en 2012 a través de su hermana a cambio de protección para su negocio de contrabando y evitar la extradición. Un contable declaró que había visto a Hernández recibir sobornos de Fuentes Ramírez en dos ocasiones en 2013.
Hernández aprovechó una Corte Suprema afín para evitar el veto constitucional de Honduras a la reelección y obtuvo un segundo mandato en 2017 en elecciones marcadas por las irregularidades.
Fue un presidente muy impopular, en una época en la que decenas de miles de hondureños huyeron del país debido a la falta de oportunidades económicas, violencia de pandillas y catástrofes naturales.
Hernández se esforzó por ganarse el favor del gobierno de Trump, que se centró en gran parte en frenar la inmigración. El gobierno de Trump reconoció con rapidez la reelección de Hernández en las disputadas elecciones. Y el mandatario anunció que Honduras seguiría el ejemplo de Trump y trasladaría la embajada de su país en Israel a Jerusalén.
Cuando aparecieron las acusaciones contra Hernández en juicios en Nueva York, Hernández aprovechaba con frecuencia ocasiones de tomarse fotos con funcionarios estadounidenses para decir que no tenía nada que ocultar.
Sin embargo, el gobierno de Biden se esforzó para mantenerse alejado de Hernández y reiteró que la corrupción era una de las causas de la migración en la región.
Hernández ha centrado su defensa en que extraditó traficantes a Estados Unidos y en la cooperación de las fuerzas de seguridad con las autoridades estadounidenses para interceptar alijos de drogas.
Honduras cambió su constitución en 2012 -cuando Hernández era presidente del congreso- para permitir la extradición de hondureños acusados de delitos de drogas. Y varios narcos fueron extraditados durante el mandato de Hernández. Sin embargo, en los últimos años el gobierno estadounidense se ha quejado de que Honduras no extraditó a otros, incluidos algunos supuestos coconspiradores de Tony Hernández.
El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Menendez, pidió en febrero al secretario de Estado, Antony Blinken, y a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que anularan la visa estadounidense de Hernández y le sancionaran como “destacado traficante extranjero de narcóticos”.