Hay tragedias que no terminan cuando cesa el ruido, se quedan, se instalan en la conciencia colectiva como una herida abierta que jamás cicatriza.
El caso Jet Set no es solo una tragedia: es una afrenta. Una herida abierta que, a un año, no solo no ha sanado, sino que ha sido deliberadamente ignorada por quienes tienen el deber constitucional de cerrarla con justicia.
Porque aquí no estamos hablando de pérdidas materiales. Aquí se extinguieron, al menos, 236 vidas. Doscientas treinta y seis historias. Doscientos treinta y seis proyectos inconclusos. Familias enteras desmembradas. Y, sin embargo, el país ha sido empujado —casi con violencia— hacia una peligrosa normalización del horror.
Los hechos son claros, imposibles de maquillar: condiciones que debieron ser supervisadas y no lo fueron, advertencias que debieron ser atendidas y fueron ignoradas, decisiones que no se tomaron y omisiones que sí se ejecutaron. Todo ello dentro de un establecimiento que operaba bajo el amparo, y por tanto, bajo la responsabilidad de un sistema que debía garantizar seguridad.
Y aquí es donde la indignación debe dejar de ser susurro y convertirse en denuncia frontal: es una responsabilidad del Estado ofrecer justicia a las víctimas. No como concesión, no como gesto político, sino como deber ineludible.
Porque el Estado existe, en su esencia más básica, para proteger la vida. Ese es el contrato social mínimo. Ese es el principio fundacional de cualquier orden jurídico. El bien más preciado es la vida… o al menos eso nos han repetido siempre.
Pero los hechos en torno al Jet Set desmienten, de forma brutal, ese principio universal.
Aquí la vida ha parecido tener precio. Y peor aún: ha parecido tener descuento.
Desde la óptica jurídica, las implicaciones son gravísimas. La responsabilidad penal por imprudencia grave —cuando no por dolo eventual— no es una figura decorativa del Código Penal. Es un instrumento para sancionar precisamente este tipo de conductas: aquellas donde el riesgo es evidente, donde el daño es previsible y donde, aun así, se actúa o se omite actuar.
A ello se suma la responsabilidad civil, el deber de reparar, de resarcir, de reconocer el daño causado. Pero ninguna indemnización sustituye una vida. Ningún acuerdo económico recompone una familia rota. Por eso la respuesta penal no puede ser tibia, ni selectiva, ni acomodada.
Y, sin embargo, lo es.
Aquí es donde el discurso del Ministerio Público “independiente” se desploma bajo su propio peso. Porque la independencia no se mide en ruedas de prensa ni en consignas institucionales: se mide en decisiones. Y este caso permite una comparación incómoda, pero necesaria.
En otros procesos, hemos visto celeridad casi instantánea, operativos espectaculares, imputaciones robustas y medidas de coerción severas. Aquí, en cambio, lo que impera es una prudencia que raya en la complacencia. Un manejo contenido, calculado, que parece más orientado a no incomodar que a hacer justicia.
Pero si hay algo que resulta todavía más perturbador es el silencio. Un silencio espeso, incómodo, incomprensible. Porque en esta tragedia no solo murieron ciudadanos anónimos; también hubo víctimas de familias con poder económico, social y político. Y aun así, no ha habido una reacción proporcional.
No ha habido una sacudida nacional. No ha habido una presión sostenida. No ha habido ese grito colectivo que obligue al sistema a responder.
Eso no es normal. Eso es alarmante.
Y en medio de todo esto, lo más doloroso es la falta de humanidad.
La actitud de la familia Espaillat no solo ha sido jurídicamente cuestionable; ha sido moralmente ofensiva. La ausencia de empatía, la frialdad, la distancia… todo ello contrasta de manera brutal con el dolor desgarrador de quienes lo han perdido todo.
Pero más indignante aún es ver cómo algunos sectores —consciente y voluntariamente— se prestan a defenderlos. A justificar lo injustificable. A relativizar la tragedia. A construir discursos donde la responsabilidad se diluye como si 236 muertes pudieran convertirse en un debate técnico.
Si el sistema no pone límites, entonces el problema deja de ser un caso aislado y se convierte en una falla estructural.
En derecho penal hay un principio básico, casi elemental: la pena debe ser proporcional al delito. No es una frase bonita; es una exigencia de justicia. Cuando esa proporcionalidad se rompe, lo que emerge no es solo impunidad, sino una peligrosa sensación de que la vida —dependiendo de las circunstancias— vale menos.
Hoy, a un año de la tragedia, lo que domina no es la esperanza. Es la resignación. La mayoría no cree que habrá justicia. Y eso, más que triste, es inaceptable.
Porque cuando un pueblo pierde la fe en la justicia, lo que pierde en realidad es el último mecanismo de defensa frente al abuso.
El caso Jet Set no es solo un expediente judicial. Es una prueba. Una prueba para el Estado, para el Ministerio Público, para la sociedad. Y hasta ahora, lamentablemente, lo que se evidencia no es firmeza, ni compromiso, ni humanidad. Es indiferencia.
Y un país que responde con indiferencia ante la muerte de 236 personas, no solo falla como sistema: se traiciona a sí mismo.
Por Daniel Rodríguez González