La falta de institucionalidad de los gobiernos, la corrupción y la pérdida de valores de una sociedad, hacen posible que algunos funcionarios utilicen los recursos del estado, con el fin de favorecer a terceros a cambio de apoyo electoral, esta práctica clientelar se utiliza para perjudicar los intereses de sus adversarios políticos y en cambio beneficiarse políticamente de una manera muy poco leal.
Estos políticos sin escrúpulos y con una gran ambición de poder, utilizan estos métodos antidemocráticos, juntamente con el manejo selectivo de los recursos del Estado, lo que constituye un flaco servicio al régimen democrático que con tanta precariedad impera hoy en la República Dominicana y que tanta sangre, innumerables luchas y grandes sacrificios le ha costado al pueblo dominicano.
Hacemos estos señalamientos a propósito de las denuncias realizadas por los principales partidos de la oposición, acusando a varios funcionarios oficialistas de haber comprado alcaldes, directores y otros encargados municipales, electos por los partidos de oposición, la denuncia fue realizada por diversos partidos el 17 de febrero del 2022 y hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta.
Juan Julio Campos, vocero del PLD en la Cámara de Diputados, ha señalado lo siguiente, “Han estado utilizando en forma discrecional recursos del presupuesto nacional en favor de los intereses partidarios del PRM, prometiendo primero y otorgando después dinero a todos aquellos municipios y distritos municipales cuyas autoridades pasan a formar parte del PRM’’.
El dirigente político agrego que, ‘convirtiéndolos así en tránsfugas políticos, discriminando a todos aquellos municipios y distritos municipales cuyas autoridades no se pliegan a sus proposiciones”, entre los años 2021 y 2022 unos 33 alcaldes y directores de juntas municipales de los partidos de la oposición han sido captados por el gobierno a través de ‘’asignaciones especiales’’.
La grave denuncia de la oposición no ha tenido una oportuna respuesta ya que la Junta Central Electoral JCE le ha dado un tratamiento tímido y el gobierno ha optado por el silencio, lo que está alimentando un clima de confrontación entre la oposición y el gobierno, que está obligado a poner fin a esta práctica política que refleja la desesperación del gobierno.
De persistir esta situación la misma constituiría un verdadero atentado en contra de la democracia, por lo que se impone el cese inmediato de esta y una investigación exhaustiva, que establezca sanciones que permitan restaurar una confianza mínima, entre los actores políticos que están llamados a enfrentarse electoralmente en las elecciones municipales, congresionales y presidenciales del 2024.
De seguirse con estas prácticas, el sistema de partidos seguirá debilitándose, de no establecerse reglas claras y respetables por todos, nuestro sistema democrático seguirá en picada aumentando el descontento y la desconfianza entre las fuerzas políticas, lo que seguro conducirá a un clima de inestabilidad política, que no es lo más conveniente para la República Dominicana.
No debemos permitir que por la voracidad del gobierno se afecte nuestra democracia, es hora de fortalecer nuestros partidos políticos, verdaderos soportes de nuestro sistema democrático, hay que poner un alto a la torpeza del gobierno y del PRM, de modo que dejen de incentivar la práctica vergonzante del transfuguismo, para atraer dirigentes políticos de oposición.
Ya el PLD anunció que podía llevar el caso ante organismos internacionales, como lo hizo público su coordinador de campaña Francisco Javier García, se esperara que esto ocurra para llevar adelante una investigación como lo ha demandado la oposición, el asunto es serio y hay que darle el tratamiento que se merece y que espera el pueblo dominicano.
Investigación y sanción a los responsables es lo que reclama la oposición, el gobierno debe ser transparente pidiendo al ministerio público una investigación del caso en base a la grave denuncia que ha hecho el Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana PLD, de no hacerse nada se estaría estimulando a los involucrados para que salgan a cazar a los alcaldes de la oposición.
El país merece una explicación de estos hechos que tal como afirmara Francisco Javier García “es una práctica dañina, deshonesta y corrupta que daña la democracia y afecta los principios democráticos que deben prevalecer en el país, pero que también evidenciaría que el Partido Revolucionario Moderno no confía en sus dirigentes para ganar puestos de elección popular en los municipios”.
Por Luis Fernández
*El autor es político y comunicador