Fue aplazada para el próximo viernes a las 10 de la mañana, la audiencia donde se conocería medida de coerción contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán y los demás implicados en la Operación Coral.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la medina para que la defensa pueda conocer a profundidad el expediente instrumentado por el Ministerio Público.
Al respecto, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), indicó que entregaron todas las evidencias y que las mismas fueron notificadas a la defensa.
Mientras que la magistrada Yeni Berenice Reynoso aseguró que el Ministerio Público está dispuesto a conocer la solicitud de medida coerción a los seis vinculados en la Operación Coral, hasta en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.
Los imputados en la Operación Coral son el mayor general Adán B. Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz y Raúl Alejandro Girón Jiménez.
De acuerdo con el Ministerio Público, este grupo formaba parte de una red de corrupción estructurada por Adán Cáceres. Supuestamente, este alto oficial nombró a cientos de policías y militares en el Cestur y el Cusep y les asignaba sueldos de entre los RD$20 mil y RD$70 mil mensuales, pero estos debían entregarle hasta el 80 % del monto. Estaban en la nómina pero no trabajaban.
Mientras que la pastora Rossy tenía varias empresas que eran utilizadas para lavar dinero defraudado al Estado.
El coronel Rafael Núñez de Aza, supuestamente era el brazo financiero que servía a la red para mover grandes cantidades de dinero sin ser detectados por las autoridades.
Los demás supuestamente servían como testaferros y se encargaban de recolectar dinero en las instituciones en las que operaba la estructura criminal.
Al grupo apresado el pasado sábado, se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Como parte de la Operación Coral, el Ministerio Público realizó un total de 27 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná, según se informó.