Santo Domingo.-El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció este lunes que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), liderado por el presidente Luis Abinader, ha emitido un total de 318 decretos presidenciales entre los años 2021 y 2024 para otorgar pensiones especiales presuntamente sin base legal.
Durante una rueda de prensa, Raúl Martínez, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la FP, señaló que esta práctica habría beneficiado a unas 11,007 personas, generando un compromiso financiero anual para el Estado dominicano que asciende a RD$3,925 millones.
Martínez presentó un estudio detallado que analiza las disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo en ese período, calificando el mecanismo como “abusivo”, “discrecional” y “contrario al marco normativo”.
“El Poder Ejecutivo no está autorizado a otorgar pensiones especiales por capricho; sin embargo, esto es lo que ocurre en la práctica”, enfatizó Martínez, añadiendo que se trata de una violación a la legislación vigente.
Según el informe, el gasto destinado a estas pensiones sin sustento legal supera ampliamente los presupuestos asignados a instituciones clave del Estado. Por ejemplo, en 2025 el Ministerio de Trabajo recibirá RD$3,023 millones, y el de Administración Pública RD$2,714 millones. La suma también triplica el presupuesto del Ministerio de la Mujer (RD$1,254 millones) y quintuplica el del Ministerio de la Juventud (RD$754 millones).
La desproporción se evidencia aún más al compararla con órganos constitucionales. El Tribunal Constitucional contará con RD$1,900 millones, la Cámara de Cuentas con RD$1,524 millones, el Tribunal Superior Electoral con RD$1,193 millones, y la Oficina Nacional de Defensa Pública con apenas RD$836 millones. Incluso, el Defensor del Pueblo operará con apenas RD$375 millones.
Martínez indicó que la gravedad aumenta al contrastar el gasto con programas sociales y de salud que inciden directamente en la población. Los fondos podrían financiar varias veces la detección y tratamiento del cáncer (RD$427 millones), la atención de la tuberculosis (RD$235 millones), los programas de prevención del VIH-SIDA (RD$1,737 millones) o la alfabetización primaria (RD$1,832 millones).
También superan los recursos asignados a la construcción y mantenimiento de instalaciones deportivas (RD$1,052 millones), salud materno-neonatal (RD$2,180 millones), seguridad alimentaria (RD$2,452 millones) y desarrollo vial (RD$3,547 millones), situando el gasto discrecional por encima de proyectos estratégicos para la movilidad y el desarrollo económico.
“Estamos ante un desorden fiscal disfrazado de política social, que crea privilegios irritantes y compromete recursos que deberían destinarse a sectores prioritarios”, denunció Martínez. Advirtió que esta práctica representa una amenaza para la sostenibilidad financiera del país y refleja un preocupante orden de prioridades por parte del Gobierno.
Además, sostuvo que muchos decretos tienen un marcado tinte político: “En muchos casos, las pensiones se conceden por solicitud expresa de dirigentes del PRM”, afirmó.
Finalmente, la Fuerza del Pueblo exigió al Gobierno transparentar los criterios utilizados para otorgar las pensiones, detener la práctica y rendir cuentas sobre el manejo de esos fondos.