Un pacto necesario para la democracia
En tiempos donde el descontento social se vuelve cada vez más evidente, resulta urgente reflexionar sobre la responsabilidad ciudadana y su relación con el Estado. Ambos conceptos están indisolublemente ligados: la calidad de una democracia no solo depende de las instituciones, sino también de la actitud activa, crítica y comprometida de sus ciudadanos.
El Estado tiene la obligación de garantizar derechos fundamentales: salud, educación, seguridad, justicia y bienestar general. Sin embargo, este compromiso no puede ser unilateral.
La ciudadanía, como parte constitutiva del Estado, tiene deberes esenciales que no pueden ser ignorados, como respetar las leyes, participar en los procesos democráticos, pagar impuestos y, sobre todo, vigilar que quienes ocupan cargos públicos lo hagan con transparencia y eficiencia.
Lamentablemente, muchas veces se percibe una desconexión entre ambos actores. El ciudadano se siente ajeno a las decisiones del Estado, y el Estado parece distante de las necesidades reales de la población.
Este círculo vicioso alimenta la apatía, la desconfianza y la corrupción. La solución pasa, entonces, por revitalizar el vínculo cívico: entender que el Estado no es un ente abstracto, sino una construcción colectiva.
La responsabilidad ciudadana no se limita al voto cada cuatro años. Implica también informarse, opinar, organizarse, exigir rendición de cuentas y participar en espacios comunitarios. Es un ejercicio cotidiano de conciencia y acción.
Pero para que esto sea posible, el Estado debe crear las condiciones: fomentar la educación cívica, garantizar la libertad de expresión y promover canales reales de participación.
En definitiva, no hay Estado fuerte sin ciudadanía responsable, ni ciudadanía empoderada sin un Estado comprometido. El equilibrio entre ambos es el fundamento de una sociedad democrática madura. La tarea es de todos y empieza hoy: con cada decisión, con cada gesto, con cada palabra.
Por Luis Ramón López