Si el propósito de las recientes declaraciones del señor Eduardo Sanz Lovatón, alias Yayo, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, era hacerse “viral”, término de moda hoy día donde importa más el ruido que los hechos, entonces hay que reconocerle el mérito: objetivo cumplido.
Lo logró.
Su nombre y sus deplorables declaraciones coparon las redes sociales, programas de opinión, grupos de WhatsApp y conversaciones de esquina con una celeridad que ya quisieran muchas campañas institucionales. Claro, el detalle incómodo es 6que esa notoriedad no vino acompañada de admiración, sino de indignación. Porque no es lo mismo ganar atención que ganar respeto.
Y cuando esa atención se consigue a costa de insultar la inteligencia colectiva, entonces la fama se parece más a una condena pública.
Decir, con absoluta seguridad, que “no hay un solo producto de la canasta básica que haya subido de precio” no constituye una simple declaración desafortunada; e6s una afirmación que raya en el absurdo y que solo admite dos interpretaciones: o se trata de una burla deliberada o de una desconexión alarmante con la realidad nacional.
Me inclino por lo primero.
Porque ignorancia no parece ser el caso. No hablamos de un improvisado recién llegado a la administración pública. Se trata de un funcionario que gozó de reconocimiento por su gestión al frente de la Dirección General de Aduanas. Sabe cómo funciona el aparato estatal, conoce indicadores, estadísticas, informes y, sobre todo, dispone de equipos técnicos que manejan datos económicos diariamente.
Entonces, si sabe, pero aun así afirma semejante disparate, la conclusión resulta aún más preocupante.
La declaración del ministro no contradice únicamente la experiencia cotidiana de la población; contradice incluso la propia institucionalidad del Estado. Desmiente al Banco Central de la República Dominicana, cuyos informes periódicos reflejan variaciones acumuladas en precios de bienes y servicios. Desmiente a comerciantes detallistas, colmaderos, suplidore6s y mayoristas que diariamente ajustan precios en función del costo de reposición.
Pero más grave aún: desmiente la evidencia viva que cada día enfrenta la familia dominicana.
Que alguien le pregunte a cualquier ama de casa cuánto costaba una compra regular con solo lo básico hace tres años y cuánto cuesta hoy. No hace falta un doctorado en economía para advertir la diferencia. Basta entrar a un supermercado, a un mercado, a un ventorrillo o a un colmado.
Antes, con RD$5,000 una familia podía adquirir una compra razonable para una semana o más. Hoy, esa misma cantidad parece evaporarse con una rapidez insultante, dejando apenas algunos artículos esenciales y la amarga sensación de que el dinero perdió poder adquisitivo mientras las necesidades ganaron volume6n.
Es una especie de alquimia perversa: el salario sigue siendo prácticamente el mismo, pero la capacidad adquisitiva se encoge como tela barata tras el primer lavado.
Los combustibles, aunque sujetos a subsidios temporales, han impactado indirectamente toda la cadena logística. Si aumenta el costo del transporte, aumenta la distribución; si aumenta la distribución, sube el precio final. Es una lógica elemental, casi tan obvia como que el sol sale por el este. Negarlo sería como afirmar que el humo no tiene relación con el fuego.
También quedan desmentidos los transportistas, que llevan meses denunciando presión operativa por costos de mantenimiento, lubricantes, neumáticos y repuestos, todos impactados por inflación internacional, tipo de cambio y carga impositiva.
Los vendedores de repuestos lo saben. Los mecánicos lo saben. Los choferes lo saben. Los pasajeros lo sufren.
Pero, al parecer, desde ciertas oficinas climatizadas del Estado se habita una dimensión paralela donde los precios permanecen congelados en una fantasía estadística.
Lo verdaderamente ofensivo no es solo el contenido de la declaración, sino lo que transmite: una preocupante falta de empatía.
Mientras miles de dominicanos, sobre todo las amas de casa, hacen malabares diarios (y no es metáfora exagerada), para decidir entre comprar proteínas, pagar transporte o cubrir medicamentos, un alto funcionario, que por si fuera poco aspira a la presidencia, les dice, esencialmente, que su percepción de crisis es imaginaria.
Que no crean en lo que pagan.
Que desconfíen de sus propios bolsillos.
Es como una especie de insulto económico: hacerle creer a la población que el problema no existe, aunque deba pagar cada factura, en prueba de lo contrario.
Gobernar exige algo más que administrar cifras; exige sensibilidad social. Un gobierno puede equivocarse, puede enfrentar coyunturas internacionales adversas, puede verse arrastrado por crisis globales. Lo que no debería permitirse es insultar a quienes padecen las consecuencias.
Porque una cosa es explicar que factores externos afectan precios; otra muy distinta es negar la realidad de manera tan burda.
La historia política está llena de funcionarios que cayeron no por malas decisiones económicas, sino por subestimar el termómetro social. El pueblo puede soportar sacrificios cuando percibe honestidad; lo que no tolera es el desprecio disfrazado de discurso técnico.
Y ahí radica el error fundamental.
No fue simplemente una frase desafortunada. Fue una radiografía del divorcio entre parte de la clase gobernante y la vida real del ciudadano común.
Un divorcio peligroso.
Porque cuando quienes gobiernan dejan de escuchar el ruido del mercado, del colmado, del transporte público y de la cocina familiar, terminan hablando un idioma incomprensible para la nación que los elige y a la que dicen representar.
Y un gobierno que deja de entender el lenguaje del pueblo empieza, inevitablemente, a perder algo mucho más valioso que popularidad: legitimidad moral.
Por Daniel Rodríguez González