Hay hechos que indignan, pero hay otros que, además de indignar, hieren en lo más profundo de la conciencia humana. Los más recientes escándalos relacionados con los llamados medicamentos de alto costo pertenecen, sin duda, a esta última categoría.
No se trata solo de corrupción administrativa ni de simples irregularidades burocráticas; se trata de una forma despiadada de lucrarse con el dolor ajeno, de poner precio a la vida y de convertir la enfermedad en mercancía.
Lo más grave de estos casos es que muchos de esos medicamentos no fueron adquiridos con fondos privados ni fruto de inversiones empresariales, sino que se trata de donaciones destinadas a personas en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Medicamentos que debían llegar, sin intermediarios ni obstáculos, a pacientes que luchan diariamente contra enfermedades catastróficas. Sin embargo, en lugar de aliviar el sufrimiento, fueron retenidos, desviados o vendidos, como si el dolor ajeno fuera simplemente una oportunidad de negocio más.
La perversidad del hecho se agudiza cuando se recuerda que quienes necesitan estos medicamentos, precisamente por su alto costo, están materialmente incapacitados de adquirirlos en el mercado. Son personas que dependen casi por completo de la asistencia estatal o de programas solidarios para sobrevivir. Cuando esa ayuda se convierte en botín, el mensaje es claro y devastador: la vida de los pobres vale menos que nada.
La impotencia que provoca saber que muchos han muerto, o han visto agravarse irreversiblemente su condición de salud, por la falta de estos medicamentos, es difícil de describir. No es una impotencia abstracta ni distante; es una sensación que nace de la certeza de que esas muertes eran evitables.
Que no fueron causadas por la falta de ciencia, ni por la inexistencia de tratamientos, sino, por la avaricia y la ausencia total de humanidad de quienes decidieron enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno.
A esta tragedia se suma otro elemento igual de alarmante: la casi total ausencia de sanciones ejemplarizantes. Los responsables rara vez enfrentan consecuencias proporcionales al daño causado. Mientras tanto, las autoridades observan, investigan lentamente o simplemente miran hacia otro lado, como si la gravedad del asunto no ameritara una respuesta firme y contundente del Estado.
Y como si todo esto fuera poco, y a propósito de medicamentos, conviene recordar que desde hace años se viene denunciando la venta de medicamentos falsificados en distintas demarcaciones del país. Medicamentos que no curan, que engañan y que, en muchos casos, aceleran la muerte de quienes los consumen con la esperanza de sanar.
Denuncias públicas, reportajes, testimonios y advertencias no han sido suficientes para provocar una reacción efectiva de las autoridades competentes, ni para imponer sanciones reales a quienes cometen estas atrocidades.
El silencio oficial frente a estos hechos no es neutral; es un silencio cómplice. La indiferencia institucional frente a la vida humana termina convirtiéndose en una forma de violencia estructural, donde los más pobres y enfermos, pagan el precio más alto.
Un país que tolera que se robe la salud de su gente, que permite que las donaciones se conviertan en mercancía y que mira con indiferencia la venta de medicamentos falsificados, es un país que ha perdido, al menos en parte, el sentido básico de humanidad. Y sin humanidad, ningún discurso de desarrollo, transparencia o justicia puede sostenerse.
Por Daniel Rodríguez González