La buena noticia no debería ser que el Gobierno incrementó el valor del subsidio y el número de tarjetas Supérate, sino que se redujeron por efecto del incremento del empleo entre familias que superan la condición de pobreza extrema.
Tampoco surte efecto aliciente informar que serían los bancos y no el Estado los que deberán cubrir las pérdidas de más de cien millones de pesos causadas por la clonación de las tarjetas usadas para distribuir ese subsidio social, porque se trata de un robo colosal.
En ningún modo se objeta que la decisión del gobierno de incrementar el número de familias beneficiadas y valor monetario de esa asistencia, pero lo deseable sería que más gente no requiera de esa ayuda porque se habría incorporado al mercado laboral.
El valor de la canasta básica de los grupos sociales más vulnerables se sitúa entre los 13 mil a 23 mil pesos mensuales, que las tarjetas de referencia no cubren ni mínimamente, aunque se admite que representan un alivio.
Es por eso que debería resaltarse con mayor ímpetu cada vez que el gobierno ejecuta proyectos que permiten mayor acceso al empleo, vivienda, transporte, servicios hospitalarios, medicina, calidad educativa, reducción de la inflación y seguridad ciudadana.
El fraude perpetrado en la clonación de miles de tarjetas Supérate debería concitar la atención del Ministerio Publico en la misma proporción que otros escándalos de corrupción, sin importar si los implicados resultan ser dos o tres dueños de colmados de barrios.
Más que decir que los bancos pagaran los platos rotos de ese mega fraude, lo mejor sería que en ese expediente se repitiera las dosis de las auditorias forenses para determinar si además de las sardinas, podrían localizarse algunos pejes gordos.
El presidente Luis Abinader fue ampliamente aplaudido cuando proclamó que quien robe aun sea un centavo ira preso, en referencia al fraude de Supérate en el cual durante una noche se realizaron transacciones por más de 20 millones de pesos.
La contraloría general de la República debería auditar la instancia oficial a cargo de la administración y gestión de ese programa para identificar posibles inobservancias o negligencias, porque el sentido común indica que ese fraude no fue obra solo de un hacker y de bodegueros.
Estoy plenamente convencido de que la procuradora general, magistrada Mirian Brito, pondrá todo su empeño para que los reponsables mayores y menores del millonario robo de dinero destinado a los pobres vayan a parar con sus huesos a la cárcel.
Por Orión Mejía