Santo Domingo, RD. –El Ministerio de Interior y Policía y a Procuraduría General de la República informaron este jueves la suspensión “inmediata de los agentes involucrados” en el supuesto intercambio de disparos que cobró la vida de cinco jóvenes y anunciaron la apertura de una investigación exhaustiva sobre el hecho ocurrido la tarde del miércoles en el sector La Barranquita, en Santiago.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó la suspensión de los policías actuantes y su puesta a disposición del Ministerio Público.
“Reiteramos que la investigación se llevará a cabo hasta sus últimas consecuencias con total compromiso de transparencia hacia la ciudadanía. No habrá impunidad; el orden se construye con legalidad y justicia, y asumiremos todas las responsabilidades que el proceso determine”, expresó Raful en una declaración pública.
De su lado, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, instruyó al director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y a la fiscal interina de Santiago, Quirsa Abreu, para que encabecen personalmente las indagatorias con el objetivo de “determinar las circunstancias objetivas en las que ocurrió el caso y proceder conforme a los resultados de la investigación”.
Los fallecidos fueron identificados como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias “Charly” o “Charli Chasc”), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, quienes murieron mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Doctor Cabral y Báez, tras el alegado enfrentamiento con la Policía Nacional. En el hecho resultó herido el cabo Yohandy Encarnación, mientras que otro hombre logró escapar, según el reporte policial.
Versión de la Policía Nacional
La Policía Nacional sostuvo que los jóvenes abatidos formaban parte de una organización criminal vinculada a actividades como sicariato, tráfico de armas, secuestros y cobros compulsivos ligados al narcotráfico. La institución explicó que durante un operativo de inteligencia los individuos habrían atacado a tiros a los agentes, lo que desencadenó el enfrentamiento.
Reclamos de familiares
Familiares de dos de las víctimas, José Vladimir Valerio Estévez, propietario de la barbería Valerio Barber Shop, y Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, cliente del negocio, rechazaron la versión oficial y denunciaron que se trató de una “ejecución planificada”.
Aseguraron que los agentes manipularon la escena del crimen, colocaron armas de manera “inverosímil” y se llevaron los equipos de grabación de las cámaras de seguridad. También acusaron a los policías de saquear la barbería y sustraer dinero, máquinas de trabajo y hasta un vehículo estacionado en el lugar sin orden judicial.