El Ministerio Público apelará los autos de no ha lugar emitido por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional a favor del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo Terrero, del exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, de Daniel Guerrero Mena, Marcial Reyes y Rosa Arias, en el marco del proceso judicial conocido como caso Calamar
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, criticó la decisión de la jueza Altagracia Ramírez y sostuvo que una simple lectura de la resolución evidencia una «errónea apreciación de las pruebas».
“Desde ahora, le podemos decir que el Ministerio Público va a apelar esa decisión. Y la vamos a apelar porque de la sola lectura de la decisión en el tribunal, se hace evidente que el tribunal entró en errónea apreciación de varias pruebas”, adelantó Camacho.
En ese sentido, dijo que el tribunal acogió los testimonios de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Antonio Ureña. “Esos mismos testimonios, a viva voz del tribunal, y está grabado en la audiencia; el tribunal, ni se refirió, cuando dictó estos autos de no ha lugar; por ende, no valoró correctamente esta prueba”.
“El tribunal, incluso, dio un auto de no ha lugar a uno de los acusados que, en un documento que aportó el Ministerio Público al tribunal, escribió su nombre de puño y letra, por seis personas, incluyendo algunas de ellas que estaban fallecidas”, dijo.
“Es evidente que el tribunal entra en contradicción, en inobservancia y en errónea apreciación de las pruebas con relación a estos autos de no ha lugar que otorgó y esa es la razón por la que el Ministerio Público los va a apelar”, enfatizó.
“Yo creo que se hace necesario repetir, que estos hechos ocurrieron en el Ministerio de Hacienda. Y el ministro de Hacienda de ese momento está enviado a juicio en este proceso junto a otras 34 personas”, precisó el director general de Persecución.
No obstante, Camacho calificó como un triunfo en la lucha contra la corrupción y la impunidad que 35 personas de 40 hayan sido enviadas a juicio. Sin embargo, consideró que los 40 procesados deben ir a juicio a responder por los delitos que se les imputan.
La decisión que envía a juicio a 35 acusados fue adoptada al establecer el tribunal que el Ministerio Público incorporó suficientes elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados en hechos de corrupción administrativa en el entramado criminal desmantelado con la Operación Calamar.
Entre los enviados a juicio, se encuentran el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, el abogado Ángel Lockward y sus empresas, el exdirector del CEA Luis Miguel Piccirillo Mccabe, el director de Catastro Claudio Silver Peña, y el exdirector de Casinos Julián Omar Fernández Figueroa, acusados de defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos a través de una estructura de corrupción administrativa investigada con la Operación Calamar.
También fueron enviado a juicio, Princesa Alexandra García Medina, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera y Agustín Mejía Ávila. También, César Santana, Omar Miqui Arias, Alejandro Constanzo Sosa y Juan Tomás Polanco Céspedes.
El equipo que representó al Ministerio Público en la litigación lo encabezó el procurador adjunto Wilson Camacho junto a los procuradores fiscales Rosa Alba García, Melbin Romero, Jhensy Víctor, Miguel Crucey, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez y Rosa Ysabel Mejía.
El expediente había quedado en estado de fallo el pasado 27 de marzo del año 2026. Ese día se cerraron los debates y todas las partes quedaron convocadas para el viernes a las 3:00 de la tarde, para escuchar la decisión. La audiencia inició pasadas las 7:30 de la noche del viernes y concluyó pasadas las 11 de la noche.
El tribunal entregó la sentencia en formato digital a cada una de las partes. Por lo avanzado de la hora la jueza Ramírez hizo una lectura sucinta de los puntos más importantes.