Santo Domingo, RD.— El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso medidas de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, imputados de homicidio involuntario por el colapso de la edificación que dejó 236 personas muertas y más de 180 heridas.
La jueza Fátima Veloz dictaminó este jueves, tras una maratónica audiencia de más de 12 horas, el pago de una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades. El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva, petición que fue desestimada.
El abogado defensor, Miguel Valerio, consideró la decisión como una muestra de equilibrio procesal, al considerar que sus clientes siempre estuvieron dispuestos a colaborar con la investigación y brindaron asistencia a parte de los afectados.
“El gran aprendizaje aquí es que las medidas coercitivas no prejuzgan culpabilidad, y el señor Espaillat ha cumplido con cada requerimiento del proceso”, sostuvo.
Durante la audiencia, la defensa presentó documentación que confirma acuerdos de compensación con al menos 40 víctimas y sus familiares. La empresa Inversiones E & L, S.R.L., vinculada a los imputados, habría firmado descargos con más de 30 afectados, incluyendo músicos de la orquesta de Rubby Pérez, con ayudas financieras para gastos médicos y personales.
De su parte, el director de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, reafirmó la solidez de la acusación y anunció que apelarán la decisión: “La magnitud del daño exige respuestas proporcionales; respetamos la decisión, pero no la compartimos”.