Estados Unidos cambia postura y autoriza pagos legales para defensa de Maduro y Cilia Flores

Estados Unidos autorizó al Gobierno de Venezuela a cubrir los honorarios legales de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el proceso por narcotráfico que enfrentan en tribunales federales.

La decisión se formalizó mediante licencias enmendadas emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que permiten transferencias bajo condiciones específicas, según documentos judiciales recientes.

El permiso establece que los pagos deberán provenir de fondos disponibles después del 5 de marzo de 2026 y no podrán derivarse de depósitos de gobiernos extranjeros, manteniendo límites dentro del esquema de sanciones vigente.

Este giro representa un cambio relevante en la postura de Washington, que previamente había bloqueado los pagos alegando razones de seguridad nacional y política exterior. Durante meses, la defensa de Maduro, encabezada por el abogado Barry Pollack, argumentó que impedir el financiamiento vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza el derecho a elegir representación legal. Incluso, el juez federal Alvin Hellerstein había cuestionado la negativa del Gobierno, sugiriendo que la restricción podía comprometer la validez del proceso.

Con esta autorización, se despeja uno de los principales obstáculos legales que amenazaban con retrasar el juicio. Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el 3 de enero de 2026 en Caracas y trasladados a Nueva York, donde permanecen detenidos en una prisión federal en Brooklyn.

Ambos se han declarado no culpables de cargos que incluyen conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína, en un proceso que podría prolongarse por uno o dos años.

La medida responde a presiones judiciales y busca garantizar un juicio sin vulneraciones constitucionales. No implica un levantamiento general de sanciones, sino una excepción puntual orientada a asegurar el debido proceso.

Con ello, el caso entra en una nueva fase, donde el foco se traslada del financiamiento de la defensa hacia el desarrollo pleno del juicio, considerado uno de los más relevantes en la historia reciente de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

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