Hay un peligro que nos acecha silenciosamente, disfrazado de regulación moderna y orden jurídico: el anteproyecto de ley sobre la libertad de expresión y los medios digitales que el Poder Ejecutivo ha depositado recientemente ante el Congreso Nacional dominicano.
En apariencia, la iniciativa busca actualizar un marco legal desfasado frente al vertiginoso avance de las plataformas digitales y los nuevos modelos de comunicación. Pero, al mirar con lupa algunas de sus disposiciones, se perciben resquicios preocupantes que podrían abrir la puerta a la censura, el control de la opinión pública y la penalización del ejercicio periodístico crítico.
Uno de los puntos más inquietantes es la ambigüedad en la definición de “información dañina”, “desinformación” y “contenido nocivo”. Términos como estos, sin criterios claros ni límites precisos, podrían ser utilizados para silenciar voces incómodas o restringir el libre flujo de ideas bajo el argumento de proteger el orden público o el bienestar colectivo.
El artículo 49 de la Constitución dominicana garantiza el derecho a expresar libremente el pensamiento por cualquier medio, sin censura previa. Si bien toda libertad conlleva responsabilidad, ese principio no debe ser desvirtuado para imponer controles disfrazados de regulación. Lo que está en juego no es solo el trabajo de periodistas o comunicadores, sino el derecho fundamental de los ciudadanos a informarse y a expresar sus opiniones sin miedo.
A esto se suma la preocupación por el posible impacto en los medios digitales independientes, muchas veces los únicos espacios donde circulan investigaciones, denuncias o análisis que los grandes grupos mediáticos —atados a intereses económicos o políticos— prefieren evitar. ¿Cómo afectará esta ley a esos medios emergentes? ¿Quién decidirá qué es veraz y qué no lo es?
No se trata de oponerse al orden o a la actualización normativa. Es necesario un marco legal que regule con justicia, que fomente la ética, combata la difamación real y promueva la transparencia. Pero no podemos permitir que bajo la sombra de lo necesario se imponga lo peligroso.
La democracia se fortalece con más libertad, no con menos. Hoy, más que nunca, la ciudadanía, los comunicadores y los legisladores comprometidos con el país deben alzar la voz y revisar con detenimiento este anteproyecto. Porque cuando se restringe la libertad de expresión, el primer silencio es solo el comienzo. Y ese peligro, aunque aún no se vea del todo, ya nos acecha.
Regular no es reprimir. Modernizar no es controlar. Y proteger la dignidad humana no puede ser excusa para instaurar un clima de miedo o vigilancia permanente sobre lo que decimos, publicamos o denunciamos.
La libertad de expresión, es el corazón palpitante de una democracia real. Cuidarla no es opción, es deber. Hoy más que nunca debemos mantenernos alertas. Porque este peligro que nos acecha no es solo jurídico. Es profundamente político y democrático.
Por Luis Ramón López