Durante casi dos siglos, la República Dominicana, operó bajo un viejo Código Penal que databa de 1884, con base en el modelo napoleónico francés del siglo XIX. A pesar de reformas puntuales, el marco legal penal permanecía atado a una lógica jurídica arcaica, desfasada frente a la evolución social, política y criminal del país.
Con más de 25 años, de intentos fallidos en el Congreso Nacional, el Código Penal se convirtió en un símbolo del estancamiento institucional, donde se rebotaba como una pelota de ping-pong entre legisladores, intereses partidarios, iglesias y grupos sociales.
Finalmente, la aprobación del nuevo Código Penal y promulgado por el presidente Luis Abinader, aunque controversial y todavía objeto de cuestionamientos, representa un paso adelante, una mejora frente al vacío normativo y la obsolescencia del anterior. Mejor que nada, se podría decir, si se parte del pragmatismo jurídico que demanda respuestas frente a una criminalidad más compleja y sofisticada.
Entre los elementos positivos del nuevo Código Penal se destacan, la tipificación de nuevos delitos: como el sicariato, el feminicidio, la corrupción administrativa, los delitos informáticos, el acoso sexual y el ciberacoso, el endurecimiento de penas para crímenes graves como la violación sexual, el secuestro y los asesinatos por encargo.
También mayor precisión en los delitos de corrupción pública y privada, incluyendo sanciones para funcionarios corruptos, inclusión de delitos ambientales, reconociendo la necesidad de proteger los recursos naturales, entre otros logros normativos. Estos avances responden a realidades delictivas contemporáneas que el viejo código simplemente no contemplaba.
Uno de los puntos más controversiales sigue siendo la exclusión de las tres causales del aborto, cuando peligra la vida de la madre, en casos de violación/incesto o malformaciones incompatibles con la vida.
Esta omisión ha generado fuertes críticas de sectores progresistas, organizaciones de mujeres y organismos internacionales. Sin embargo, se optó por dejar esa discusión en una legislación especial, lo que para muchos representa una salida salomónica, pero insuficiente.
El nuevo Código Penal no es perfecto. Tiene lagunas, omisiones y contradicciones. Pero representa un marco legal más cercano a las exigencias de la sociedad dominicana actual. Permite, además, que la justicia cuente con herramientas jurídicas más eficaces para combatir el crimen, proteger a las víctimas y responder con mayor equidad ante la diversidad de delitos.
El nuevo Código Penal dominicano es un punto de partida, no de llegada. Su aprobación, tras décadas de espera, debe verse como un acto de madurez institucional y política.
Ahora corresponde a los actores del sistema de justicia, jueces, fiscales, defensores y policías, aplicarlo con rigor, y al Congreso y la sociedad civil, vigilar su evolución, proponer mejoras y cerrar los vacíos que aún persisten. Porque en materia de justicia penal, el “mejor que nada” debe ser apenas el primer paso hacia un “mejor para todos”.
Por Luis Ramón López