En una sociedad democrática, la confianza ciudadana en la justicia depende en gran medida de la manera en que las instituciones encargadas de perseguir el crimen cumplen con su deber.
El Ministerio Público, como órgano responsable de la acción penal en la República Dominicana, no solo debe actuar con diligencia, sino también con rigor científico y apego a las normas procesales establecidas.
En toda investigación penal, las pruebas constituyen la base sobre la cual se construye la verdad procesal. Sin evidencias claras, verificables y legalmente obtenidas, cualquier acusación corre el riesgo de derrumbarse en los tribunales.
Por eso, la recolección, preservación y presentación de pruebas debe realizarse bajo estrictos protocolos, evitando alteraciones, manipulaciones o interpretaciones subjetivas que puedan vulnerar derechos fundamentales.
La cadena de custodia es uno de los pilares de este proceso: garantiza que desde el levantamiento en la escena del crimen hasta su análisis en laboratorio y posterior exhibición en juicio, los elementos materiales probatorios se mantengan íntegros y confiables.
a criminología moderna ha demostrado que no basta con la simple declaración de testigos o sospechosos; hoy en día, la justicia requiere la aplicación de técnicas científicas: pruebas de ADN, balística, huellas dactilares, estudios toxicológicos, peritajes informáticos, entre otros.
El uso correcto de estas herramientas fortalece el expediente y brinda al juez la seguridad de que está frente a pruebas objetivas, verificables y, sobre todo, incuestionables en derecho.
El Código Procesal Penal dominicano y la Constitución establecen que el Ministerio Público debe actuar con objetividad, procurando tanto los elementos que incriminan como los que favorecen al imputado. Es decir, no se trata de “ganar un caso a cualquier costo”, sino de velar por la verdad y la justicia.
Un expediente armado con pruebas dudosas no solo abre la puerta a la impunidad, sino que también mina la confianza ciudadana en las instituciones y genera la percepción de selectividad o manipulación en la persecución penal.
La sociedad dominicana demanda un Ministerio Público, que actúe con responsabilidad y transparencia. La rendición de cuentas en torno a la investigación criminal, el uso de peritajes independientes y la formación continua de fiscales y técnicos en materia científica son pasos esenciales para garantizar procesos justos.
Solo con un accionar responsable, apegado a la ciencia y a la normativa jurídica, se puede asegurar que la justicia no sea un privilegio de pocos, sino un derecho de todos.
Por Luis Ramón López