Santo Domingo. – La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó pasada la medianoche de este jueves la solicitud de variación de la medida de coerción interpuesta por Santiago Hazim, exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y otros seis imputados en el proceso por presunta corrupción administrativa conocido como Operación Cobra.
Con esta decisión, el tribunal ratificó la prisión preventiva de 18 meses que pesa contra Hazim, quien continuará recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras se conoce el proceso judicial en su contra.
La misma medida se mantiene contra los demás implicados, quienes cumplen prisión preventiva en los centros de Las Parras y Najayo Mujeres.
Junto a Hazim, seguirán en prisión preventiva Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de SeNaSa; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, esta última recluida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
El tribunal, presidido por la magistrada Isis Muñiz, e integrado además por los jueces Luis Omar Jiménez y Teófilo Andújar, también decidió mantener las medidas de arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica contra los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella.
Fundamentación del fallo
Durante la lectura del dispositivo, la Corte desestimó los recursos de apelación presentados por las defensas, al considerar que persisten los elementos que justificaron la imposición de las medidas de coerción, tales como el peligro de fuga, la gravedad de los hechos imputados y el impacto económico al Estado dominicano.
Los jueces reiteraron que la prisión preventiva tiene un carácter estrictamente procesal y no constituye una pena anticipada
Asimismo, el tribunal rechazó los argumentos de inconstitucionalidad planteados por la defensa y declaró inadmisibles otros recursos interpuestos por actores civiles, al determinar que carecían de calidad procesal para apelar la decisión inicial.
Acusaciones
Según el Ministerio Público, el entramado de corrupción habría operado entre los años 2020 y 2025, afectando el manejo de los recursos del Seguro Nacional de Salud. Las autoridades alegan que las irregularidades ocasionaron un desfalco superior a los RD$15,000 millones, dentro del sistema público de riesgos de salud.
A los imputados se les atribuyen cargos como coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, sobornos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público, que ha advertido sobre la posibilidad de nuevas imputaciones en una segunda fase del proceso.
Ministerio Público
Tras la decisión, el procurador adjunto y director de Persecución, Wilson Camacho, valoró positivamente el fallo, señalando que reafirma la solidez de la investigación y la gravedad de los hechos. Indicó además que el proceso judicial seguirá su curso hasta que todos los responsables enfrenten a la justicia dominicana.