El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, se reservó para este domingo a las 6:00 de la tarde la decisión sobre las medidas de coerción solicitadas contra los acusados en el denominado Operación Cobra, que involucra un presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El Ministerio Público pidió prisión preventiva de 18 meses para los imputados Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa; Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Ada Ledesma Ubiera, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Cinty Acosta Sención y Ramón Alan Speakler Mateo.
En contraste, el órgano acusador modificó su solicitud respecto a Eduardo Read Estrella y Heidi Mariela Pineda, proponiendo arresto domiciliario, garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. Ambos han decidido colaborar con la investigación y, según la Fiscalía, han aportado información “valiosa” para esclarecer el proceso.
De acuerdo al Ministerio Público los acusados conformaron un entramado de corrupción administrativa que captó miles de millones de pesos para enriquecerse en detrimento de los servicios sanitarios que ofrece a la población el SeNaSa.
Las evidencias arrojan que, con la excusa de que estaban haciendo recaudaciones con fines políticos, algunos de los imputados captaban recursos de sobornos para provecho personal que destinaban a adquirir propiedades, crear empresas de carpeta para comprar y administrar bienes y realizar diversas inversiones que son objeto de investigación.
El pasado miércoles, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso explicó a los periodistas que cubren la fuente judicial que, respecto a los imputados, el Ministerio Público ha comenzado a aplicar las disposiciones establecidas en la recién promulgada Ley núm. 97-25, que crea el nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana.
“Lo que sí damos certeza es que habrá más personas imputadas porque ya los resultados y las pruebas que seguimos teniendo en nuestras manos a partir de que esta investigación se pide la medida, pero continúa, es evidente que le puedo dar seguridad absoluta de que habrá más personas imputadas”, dijo Reynoso.
“Y sí, hay personas bajo investigación que son médicos y distintos profesionales del área de la salud, porque evidentemente estos procedimientos no se hicieron solos y son procedimientos médicos”, indicó.
Dijo que también hay múltiples centros de salud que están bajo investigación. “No es que serán investigados, es que ya llevamos un tiempo investigando”.
Explicó que, como la investigación resulta tan amplia, el Ministerio Público decidió judicializar el caso en partes separadas para facilitar a los tribunales el conocimiento del proceso.
“Todo aquel que tocó un peso del Seguro Nacional de Salud, donde más de 7 millones de dominicanos tienen su salud asegurada, tienen que responder ante la justicia. Para el Ministerio Público este es un caso de altísima prioridad”, manifestó.
“Este equipo ha estado trabajando sin descanso, y va a seguir trabajando para, no solo que haya sanciones penales ejemplarizadoras, sino, también, para que el Estado decomise y sea restituido cada peso”, expresó Yeni Berenice.