Santo Domingo, RD. – Una investigación del programa Reporte Especial con Julissa Céspedes destapó un presunto entramado de corrupción dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa) que, durante varios años, habría sustraído decenas de millones de pesos mediante sobornos, autorizaciones irregulares y reclamaciones médicas fraudulentas.
De acuerdo con el reportaje, la red estaba integrada por funcionarios claves de la institución, exempleados, médicos y familiares, lo que puso en riesgo directo la atención de más de 7.5 millones de afiliados de la principal administradora de riesgo de salud estatal, que concentra el 71.2% del mercado de las ARS en el país.
Funcionarios señalados
Testigos entrevistados bajo reserva de identidad señalaron que el esquema de corrupción operaba con conocimiento y participación de colaboradores cercanos al director ejecutivo de Senasa, Santiago Hazim. Entre los mencionados figuran Gustavo Guilamo, jefe de gabinete; Germán Robles, consultor jurídico; Rafael Dujarric, de Planificación; y Gustavo Messina, del área financiera.
“Llega alguien que va dirigido específicamente por el jurídico (Germán Robles) para que le saquen un 10% de los pagos mensuales”, relató un testigo. Otro agregó que las decisiones claves pasaban por las manos de estos funcionarios, quienes controlaban el esquema de forma discrecional.
El reportaje también identificó a la empresa LUFARCA, suplidora de Senasa, propiedad de Ada Ledesma, socia del consultor jurídico Germán Robles en otra clínica privada. Documentos obtenidos por el equipo de investigación muestran pagos millonarios procesados de forma exprés: una factura de RD$2.9 millones emitida el 1 de agosto fue pagada horas después, y otra de RD$3.3 millones, fechada el 7 de agosto, recibió desembolso el mismo día.
Call center paralelo y fraude masivo
Otro hallazgo apunta a un call center paralelo operado por el exempleado de Senasa, Ángel Luis Guzmán, quien habría montado una estructura para gestionar autorizaciones médicas falsas. La red, integrada por más de 40 personas, incluía médicos, prestadores, empleados de Senasa y familiares directos del exempleado.
Entre 2021 y 2024, se habrían tramitado más de 4,000 autorizaciones para cirugías y consultas especializadas sin consentimiento de los pacientes, generando un desfalco superior a RD$41 millones.
La investigación señala que a través de 29 transferencias se distribuyeron al menos RD$6.7 millones entre médicos y prestadores de servicios, con pagos que superaron el millón de pesos a profesionales identificados por los apellidos López, de la Rosa y Batista Cruz, así como a empresas como Fraxion S.R.L., vinculada al esquema.
Casos documentados en el reportaje incluyen procedimientos quirúrgicos y tratamientos que los supuestos pacientes aseguran nunca haberse realizado, lo que confirma el uso fraudulento de identidades.
Falta de controles y opacidad institucional
El reportaje destacó la incapacidad de Senasa para detectar el fraude durante al menos cuatro años. La ausencia de controles permitió que empleados con salarios de apenas RD$21,083 mensuales movieran millones de pesos mediante cuentas personales y en complicidad con terceros.
Además, denunció que bajo la administración de Santiago Hazim se ha limitado el acceso a información pública, pues el portal de transparencia de la institución carece de datos y, ante solicitudes formales, la entidad ha respondido que se trata de “informaciones clasificadas”.
En espera de respuesta
Hasta el momento, Senasa no ha ofrecido una respuesta formal a las revelaciones difundidas por Reporte Especial, mientras crece la preocupación por el impacto de este entramado en la sostenibilidad de los servicios de salud a los afiliados.