El Seguro Nacional de Salud (SENASA), columna vertebral del sistema de aseguramiento público de República Dominicana, enfrenta uno de los mayores escándalos de corrupción de su historia. Una red de empleados, médicos y empresas privadas habría desviado miles de millones de pesos mediante autorizaciones médicas fraudulentas, procedimientos inexistentes y pagos ilegales.
Este caso no solo representa un golpe al erario público, sino también una amenaza directa a la salud y confianza de millones de dominicanos afiliados al régimen subsidiado y contributivo.
Detrás de la misión social que sustenta a SENASA, se ha tejido lo que analistas y denunciantes califican como “la estafa del siglo”: un entramado de corrupción, sobrefacturación, complicidad política y mafias internas que drenaron recursos destinados a la salud pública.
La mecánica que usaron para desarrollar este gigantesco fraude, se inicio documentando más de 4,000 procedimientos médicos facturados pero nunca realizados, con identidades reales de afiliados, avaladas por un “call center paralelo” externo a la institución y manejado por exempleados.
En el entramado participaron empresas vinculadas a funcionarios quienes recibieron pagos fijos millonarios por atención primaria aunque no ofrecieran servicios efectivos; algunos contratos permitían el cobro mensual sin auditoría real, movilizando hasta 780 millones de pesos al año para una sola compañía.
Se crearon consultorios y centros médicos “fantasmas” que recibían pagos sistemáticos de entre 60 y 80 millones mensuales, independientemente de la atención suministrada.
En marzo de este 2025, estalla públicamente la denuncia sobre un “call center paralelo” que operaba para tramitar autorizaciones irregulares. En abril-mayo 2025, medios de investigación revelan vínculos de ex empleados y médicos con empresas privadas que recibieron pagos por servicios ficticios.
Entre los señalados supuestos responsables de esta estafa al Estado dominicano, figuran Santiago Hazim, exdirector; Gustavo Güílamo, jefe de gabinete; Germán Robles, consultor jurídico, Rafael Dujarric, planificación, Gustavo Mesin, finanzas y Ángel Luis Guzmán, quien supuestamente lideró un call center externo que coordinaba con médicos, familiares y consultores jurídicos para fraguar las autorizaciones.
El déficit acumulado ha puesto en jaque los pagos a proveedores de 0.97% de morosidad en 2020 a 44% en 2024, provocando largas esperas, falta de aprobación de procedimientos críticos y rechazo de afiliados en clínicas y farmacias.
Usuarios deben costear de su bolsillo intervenciones no autorizadas, mientras el seguro estatal pierde credibilidad y los servicios básicos se ven paralizados y la cobertura de 7.5 millones de dominicanos está en entredicho, rozando la “quiebra técnica” de la ARS estatal.
El escándalo se destapa por una combinación de investigaciones periodísticas hechas por Julissa Céspedes, Nuria Piera, auditorías oficiales y testigos protegidos.
Entidades sociales y partidos de oposición denunciaron la estafa, exigiendo acciones penales firmes y sanciones proporcionales, alertando que el hecho apenas representa “la punta del iceberg” de los problemas estructurales del sistema de salud dominicano. El regulador SISALRIL, es también señalado por inacción o complicidad, por no detectar a tiempo el fraude masivo.
El presidente Abinader remitió el expediente acusatorio al Ministerio Público y la Procuraduría General, investiga a funcionarios, médicos y empresas implicadas.
Esta “estafa a SENASA” se perfila como uno de los escándalos de corrupción más graves, no solo por el desfalco económico, sino porque atentó directamente contra el derecho fundamental a la salud de millones de dominicanos.
Por Luis Ramón López