A rajatabla: El infierno

La población de mujeres, niños, niñas y adolescentes ha estado desprotegida por el Estado desde hace muchos años o desde siempre, porque el modelo jurídico, político, social y económico se centra en privilegiar al sexo masculino, aunque persiste también el discrimen o explotación entre los hombres.

Los asesinatos de mujeres a manos de hombres despechados pasan del centenar cada año, pero es muchas veces mayor la cifra de féminas que padecen constante acoso de sus verdugos, incluidas en la interminable lista de condenadas a muertes por sus verdugos.

En 2019, las autoridades pararon de contar los feminicidios cuando en agosto ya sumaban 77, pero este año la cifra podría ser mayor, a juzgar por los trágicos reportes de octubre y noviembre, sin dejar de resaltar que más de 400 mujeres, incluidas 251 adolescentes, están recluidas en casas de acogida para evitar ser asesinadas.

Se cuentan por decenas las mujeres que cada día acuden a destacamentos, fiscalías barriales o a la oficina especializada en prevención de violencia intrafamiliar, a rogar por sus vidas amenazada por individuos violentos que nunca son localizados hasta después que matan a sus presas.

Esas infelices son objeto de discrimen y desconsideración por policías y personal del Ministerio Publico que les tiran encima el fardo de una burocracia que más que ayudarlas agrava su situación de inseguridad, al punto que algunas han sido asesinadas frente a juzgados, fiscalías barriales y destacamentos policiales.

El drama abarca a niñas y adolescentes, quienes además de ser violadas sexualmente y sometidas al oprobio físico y moral, son también asesinadas por sus estupradores disfrazados de maridos o parejas, porque el colmo ha sido que en los hechos, el Ministerio Público reconoce o acepta el matrimonio infantil.

En cualquier barrio o comunidad rural es común que un tajalán adulto mantenga encerrada a una menor a la que define como su mujer, a pesar de que conforme a la ley, el menor carece de discernimiento para endosar contratos o convenciones, incluido el matrimonio, aun sea a modo de concubinato.

Estadísticas creíbles señalan que más del 20% de las parturientas que dan a luz en maternidades públicas son niñas o adolescentes entre 11 a 17 años, algunas de las cuales terminarán asesinadas por sus prebostes, que los fiscales consideran maridos y no violadores sexuales.

¿Cómo es posible que se otorgue categoría de esposa a una niña de 14 o 15 años, que ha sido seducida por un individuo mayor de edad o que sus padres o tutores la entregan en dación de pago? ¿Quiénes fueron los diputados que en la Comisión de Justicia de esa cámara sugirieron legalizar el matrimonio infantil?.

Por: Orión Mejía (orion_mejia@hotmail.com)