Desde hace algunos años hemos venido escuchando los reclamos de una buena parte de la sociedad, que aboga por que sean eliminados los privilegios de los cuales gozan muchos de los funcionarios dominicanos, principalmente los congresistas, nos referimos específicamente a los llamados barrilito y cofrecito.
Esto incluye a algunos que ahora son senadores/as y diputados/as y, como tal, reciben estos dineros, olvidándose por completo de ese reclamo que antes usaron como “eslogan de campaña”, convencidos de que con ese canto acariciaban el oído de los incautos votantes.
A pesar del esfuerzo de algunos legisladores por tratar de justificar esa ignominiosa práctica, lo cierto es que todo parece indicar que ya el “soberano” está hastiado.
No es esa la función que le confiere nuestra Carta Magna al Congreso de nuestro país. Se supone que los senadores y diputados ejercen una función de representación, es decir, son electos por el pueblo en calidad de representantes y su labor es servir a los intereses del pueblo que los eligió.
Cada senador representa a su provincia y al Distrito Nacional, así como los diputados representan a sus respectivas demarcaciones, en la proporción que establece la ley.
No existe, por tanto, justificación alguna para mantener barriles, cofres, exoneraciones, ni nada que tenga que ver con los odiosos privilegios que manejan estos supuestos representantes del pueblo, pero que no han sido capaces de someter un solo proyecto para beneficiarlo.
Solo saben legislar en su propio beneficio, lo cual no es ético, pero además, es inconstitucional porque contraviene las atribuciones que establece la Constitución para este órgano legislativo, en sus artículos 80 y 83.
Este millonario bochorno, además de odioso y abusivo, es una bofetada constante, que golpea el rostro de millones de ciudadanos que, en cada periodo, acuden a cumplir con el sagrado deber de elegir, mediante el voto, a sus representantes, tal como establece la ley.
Por Daniel Rodríguez González