El Partido de la Liberación (PLD) no encontrará remedio a los graves males que lo afligen en los tribunales donde se conocerán las acusaciones penales incoadas por el Ministerio Público contra dirigentes y relacionados, sin importar si los jueces condenan o descargan a los imputados. Ese pleito ya está perdido.
Esos procesos judiciales se corresponden con un reclamo colectivo que desborda la intención del Gobierno o del partido oficial de sacar provecho político a través de persecución selectiva o generalizada contra funcionarios de la anterior administración.
El oleaje anticorrupción se ha convertido en tsunami que inunda a América Latina y sus frenéticas aguas se han llevado por delante a líderes asentados en la izquierda, centro y la derecha política, al punto que en Perú, el Parlamento ha desalojado a tres presidentes por supuesta “vacancia moral” en menos de cuatro años.
Inacio Lula Da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT), quien llevó a Brasil a convertirse un una potencia económica y liberó de la pobreza a más de 40 millones de brasileños, fue encarcelado por supuesta prevaricación. Su aventajada alumna, Dilma Rouseff, desalojada del Poder.
El expresidente socialdemócrata Alan García, se descerrajó un tiro en la cabeza cuando la Policía fue a su casa con el propósito de arrestarlo por alegado vínculo con el caso Odebrecht, mientras el tecnócrata Alejandro Toledo fue detenido en Estados Unidos por el mismo caso.
Se cuentan por decenas los exmandatarios, funcionarios, legisladores, empresarios en casi todos los países de la región encarcelados o perseguidos por la comisión de supuesta prevaricación. Los encartados alegan con o sin razón, retaliación política.
Esa marejada llevaba aquí varios años forjándose en aguas turbulentas de la política y la economía, zarandeadas por varios casos de denuncia de corrupción, entre los que sobresale el referido a los sobornos de Odebrecht, por el cual varios exfuncionarios, legisladores, contratistas y abogados son juzgados.
Lo más que puede hacer el PLD es reclamar del Gobierno y del Ministerio Publico garantía y respeto a los derechos y a la dignidad de los encartados, sin generar “un circo de la persecución, un espectáculo de la infamia”, como dijo el presidente Abinader.
El partido fundado por Juan Bosch podría encontrar remedio a su grave aflicción en su Noveno Congreso y no en los tribunales, pero solo si la dirección otorga a la militancia de esa organización poder decisorio para sancionar a quienes por su conducta personal o de grupo traicionaron sus principios. Ese sería otro tsunami político.
Por Orión Mejía (orion_mejia@hotmail.com)