El modelo neoliberal ha fracasado en América Latina porque no ha logrado la meta principal de consolidar un orden jurídico-político basado en el control del mercado y de la fuerza laboral y en disminuir la incidencia del Estado en la redistribución de riquezas.
Los gobiernos progresistas de la región tampoco han logrado promover un régimen basados en equidad social, igualdad de oportunidades y por consiguiente, fracasaron en garantizar que el crecimiento económico se torne en desarrollo social.
En el universo neoliberal en la mayor parte del incremento del Producto Interno Bruto (PIB) se concentra en un grupo reducido de corporaciones o sectores empresariales, pero los periodos de crisis se reflejan en agravamiento de la pobreza, marginalidad y exclusión de amplias mayorías.
Duele decirlo, pero junto al neoliberalismo también ha fracasado el modelo alternativo definido como progresista, como ha ocurrido en Chile, Bolivia, Argentina, Venezuela, Perú, Brasil y Ecuador.
Estudios sobre el comportamiento de la economía en América Latina plantean que los gobiernos progresistas se afanan por redistribuir el ingreso, pero han sido incapaces en repartir riqueza, por lo que durante la pandemia del coronavirus, la pobreza se acrecienta de manera automática.
La Comisión de Estudios Económicos para América Latina (CEPAL) estima que cerca de 28 millones caerán en situación de pobreza extrema a consecuencia de la pandemia. Tétrica estadística que indica que en el continente se navega en círculo.
El ingreso público se nutre de fiscalidad, arancel, deuda, donaciones, distribución de utilidades en participación del Estado en empresas y ventas de bienes estatales, pero relacionado con los egresos la cuenta se vuelve deficitaria o de relación negativa.
La redistribución del ingreso no representa un instrumento viable para afrontar con efectividad la pobreza y la marginalidad, porque la mayor parte de lo que le ingresa al Estado en un año se emplea en gastos corrientes y pago de la deuda pública.
El Presupuesto General del Estado 2021 se ha estimado en poco más de un billón de pesos, de los cuales más de 300 mil millones están destinado al servicio de la deuda y otra parte significativa al pago de salarios y otros gastos fijos, con lo cual queda muy poco para la inversión social.
La mejor forma de entender que distribuir ingreso público no es lo mismo que redistribuir riqueza, sería con el anuncio del Banco Central de que sus reservas internacionales brutas ascienden a US$10,750 millones, equivalentes al 13.7 del PIB.
La presión tributaria es de un 14 por ciento, casi igual a las reservas en dólares del banco emisor, cuando en la región es de un 21%. Desde el otro día del ajusticiamiento de Trujillo hasta 2019, el PIB dominicano aumentó en 80 mil millones de dólares, lo que indica que aquí hemos distribuido ingreso, pero no riqueza.
Por Orión Mejía (orion_mejia@hotmail.com)