En el plano interno y a nivel externo se viven momentos de disrupción económica, social y política que deberían motivar al gobierno a diseñar una estrategia comunicacional sostenida en eficiente gestión del riesgo y preparación ante la crisis.
La crisis de reputación gubernamental, causada por las muertes de tres jóvenes detenidos en destacamentos policiales, representa el mejor ejemplo de que el gobierno está compelido a revisar su programa de comunicación social y marketing político.
Los estrategas oficiales procuran construir una imagen presidencial sostenida en la impresión colectiva de sencillez y proximidad, a lo que podría atribuirse la entrevista de una hora y media que concedió el mandatario al programa “Foro Público” o “Antinoti”.
Son perceptibles los extravíos en esa estrategia comunicacional que no jerarquiza impactos sobre indicadores económicos como inflación, empleo, déficit fiscal y endeudamiento, de las crisis generadas por la pandemia y la invasión rusa a Ucrania.
Sin comparar al presidente Luis Abinader con Winston Churchill, puede decirse que al igual que el estadista inglés, el dominicano afronta los efectos de una crisis derivada de una guerra que posee ribetes globales.
Al mandatario le corresponde encaminar políticas públicas a los fines de mitigar efectos de esas tribulaciones, pero también se requiere un diseño de la estrategia comunicacional que ayude a promover o activos políticos o gerenciales como la transparencia, sana administración de justicia y responsabilidad gubernamental.
Lo ideal sería que el gobierno base su desempeño en principios de eficiencia, legalidad y cumplimiento de la ley, pero en términos de comunicación o marketing debe ser conciso, comprensible y accesible, sin incentivar un discurso oficial caracterizado por prejuzgar o pronosticar.
Una adecuada estrategia comunicacional debe promover transparencia y equidad para incentivar así el cumplimiento de esos principios y poder gestionar con relativo éxito una crisis de dimensiones catastróficas.
La crisis reputacional generada por las muertes de ciudadanos atribuidas a policías son aguas inmundas que deben ser dirigidas al Ministerio Público, que posee calidades para investigar y someter a la justicia a los responsables. La reforma Policial es harina de otro costal.
Activos políticos mercadeados por el gobierno, como los del Ministerio Publico independiente, transparencia administrativa y eficiencia en el abordaje pandémico, están a punto de convertirse en pasivos a causa de una difusa estrategia gestión de riesgo y manejo de crisis.
Por Orión Mejía