En la rueda de prensa convocada en el Palacio Nacional por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, el presidente Luis Abinader anunció que suspenderá a los funcionarios que al 15 de septiembre no presenten su declaración de bienes y dispondrá su cancelación tres semanas después si no cumplen ese requisito de ley.
Ese encuentro fue como una misa de salud que procura la transparencia en la administración pública, porque esta vez un jefe de Estado se compromete en plazos perentorios a suspender y despedir colaboradores incumplidores.
Como si fuera poco, se leyó el contenido de la Ley sobre la conducta ética de servidores estatales, que prohíbe recibir regalos, acoso sexual y aprovecharse de información privilegiada atinente a sus funciones, entre otras obligaciones, cuyas violaciones conllevan procesos disciplinarios, penales y civiles.
A nivel mundial se ha puesto de moda aplicar acciones para combatir la corrupción pública y privada. Como muestras se citan la suspensión del gobernador de Río de Janeiro, y del CEO de McDonald, uno acusado de prevaricación y el otro de entablar relaciones íntimas con una empleada.
El Tribunal Superior de Justicia (STJ), suspendió por seis meses al gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, acusado de usar de manera indebida dinero público destinado al combate de la pandemia, en tanto que Steve Easterbrook, perdió su empleo, acusado por la Junta Directiva de McDonald demostrar “falta de juicio.
El gobernador Witzel, un ultraderechista que gano la gobernación de Rio montado en el oleaje ultraderechista de Bolsonaro, confronta juicio junto a su esposa y 17 funcionario por distraer fondos que debían emplearse para frenar la covid-19.
Como consecuencia del despido de Easterbrook, su principal ejecutivo a nivel mundial, McDonald, perdió más de tres mil millones de dólares en el mercado bursátil, lo que prefirió para demostrar el valor de la ética, ante un ejecutivo que perdió un paquete salarial de 42 millones de dólares anuales, por el amorío con una empleada.
La lucha contra la corrupción debería ya rebasar la delgada línea de la conveniencia política por un grueso espesor de voluntad del Estado y el sector privado para combatirla y contenerla en ambos litorales que casi siempre se entrecruzan, por aquello de que el corrupto y el corruptor andan de manos.
El presidente Abinader y la directora de Ética e Integridad han asumido un trascendente compromiso de combatir y conjurar la prevaricación y práctica desleales en la Administración Publica, promesa que también debería asumir el sector privado, afectado en mayor o menor nivel por la misma enfermedad, tanto así que no se sabe quién contagia a quien.
Por Orión Mejía