A rajatabla: Consenso y disenso

Al presidente Luis Abinader le asiste razón al afirmar que la independencia del Ministerio Público no podría depender de la voluntad de un jefe de Estado, aunque aún es difícil descifrar la intención política o jurídica detrás de su anuncio de que convocará este mismo año a una reforma constitucional.

La garantía de autonomía de ese poder alterno del Estado no se basta por sí sola, porque está conectada por un cordón institucional con el Poder Judicial, cuya nomenclatura de jueces depende a su vez del Consejo Nacional de la Magistratura.

Si esa independencia del MP no puede estar atada a la voluntad del Presidente, tampoco debería estar sujetada al de un procurador (a) general, como el Poder Judicial debería encadenar al dedo de un jefe de Estado que represente mayoría absoluta en el CNM.

Aunque duela decirlo, en términos jurídicos ni políticos existe garantía de independencia del MP; lo que prevalece es la calidad moral y voluntad autonomista que se atribuye a la magistrada Miriam German y sus procuradores adjuntos.

El Presidente designó ese puesto a una funcionaria que no requería ser mercadeada como honorable porque ese atributo lo trajo impregnado en su historial como fiscal y juez, aun cuando algunos se piense que en accionar pesa mucho la desconsideración pública de que fue objeto por el procurador de entonces.

Si la Constitución no admite reforma durante periodos de emergencia, el término “para este mismo año” insertado en el discurso presidencial tendría efecto práctico en el penúltimo mes, por lo que sería difícil convocar una Asamblea Revisora durante navidades pandémicas.

La propuesta de reforma constitucional para blindar la independencia del Ministerio Público tendría el propósito de enfrentar al principal partido de oposición con sus propios demonios políticos, porque la ley que convocaría a la Asamblea Revisora requeriría los votos de la bancada del PLD.

La independencia del procurador general quedaría siempre a merced de la voluntad del jefe de Estado, a menos que también se modifiquen los cimientos jurídicos del CNM, Consejo del Poder Judicial y Consejo del Ministerio Publico.

El presidente Abinader desearía convertirse en el jefe de Estado que emprendió mayor cantidad de obras de infraestructura y proyectos de reformas institucionales, pero para eso tendría que contar con el concurso de uno de los dos principales partidos opositores o reducir la capacidad de maniobra de ambos.

En todos los escenarios posibles se resalta como positivo el diálogo político propuesto por el mandatario porque la democracia y la gobernabilidad se sostienen mejor cuando se ejerce el consenso y se desalienta el disenso.

Por Orión Mejía