La Inspectoría del Ministerio Público suspendió al fiscal de Santiago, José Francisco Núñez Ledesma, por faltas graves durante el ejercicio de sus funciones y en su lugar nombró a Quirsa Milagros Abreu Peña como fiscal titular interina de esa provincia.
De acuerdo a una nota de la Procuraduría de la República, también fue suspendida la fiscalizadora Adris Socorro del Carmen Fernández Ortega.
El procurador adjunto Juan Medina de los Santos, inspector general del Ministerio Público, notificó a la Procuraduría General de la Corte de Apelación Regional de Santiago la solicitud de suspensión del fiscal Núñez Ledesma, así como de la fiscalizadora Fernández Ortega.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 25, numeral 1, del Reglamento Disciplinario del Ministerio Público, ambos quedan “ipso facto” cesantes en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se determine el estatus de su suspensión por parte del Consejo Superior del Ministerio Público.
La Inspectoría General alega que Núñez Ledesma ejerció sus funciones “de manera indebida” al incurrir en “faltas graves” y “muy graves”, al inobservar los deberes y principios rectores del Ministerio Público, según los hallazgos de la investigación que cursa actualmente.
“Atendiendo al oficio número 0307-2021 de la Inspectoría General, de fecha 26 de abril de 2021, el procurador general de corte interino Bircann Sánchez, y la directora General de Carrera del Ministerio Público, Thalía Goldberg García, dispusieron, encargar interinamente de la fiscalía de Santiago a la licenciada Quirsa Milagros Abreu Peña, hasta tanto se determine el estatus de la suspensión del fiscal titular de Santiago, licenciado José Francisco Núñez Ledesma. El fiscal cuenta con un plazo de 3 días para presentar sus alegatos y que el Consejo Superior decida si procede la suspensión cautelar en funciones”, dice el documento de la Procuraduría.
Núñez Ledesma era investigado desde hace varios meses por el allanamiento realizado en una vivienda de la urbanización El Paraíso, al norte de Santiago, en la que opera la oficina política del alcalde Abel Martínez.
Debido a esa acción, el ejecutivo municipal se querelló en contra del máximo representante del Ministerio Público en Santiago, por supuestas irregularidades en el procedimiento.