Santo Domingo.- El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, a la procuradora General de la República, Miriam Germán Brito y al defensor del pueblo, Pablo Ulloa, ir en auxilio de los privados de libertad con enfermedades terminales, para que vivan sus últimos días con dignidad.
Valentín Santos hizo el pedido luego de las informaciones obtenidas en el Informe realizado por la Comisión de Cárceles de la Oficina Nacional de Defensa Publica en varios centros penitenciarios de la República Dominicana.
Este informe muestra una cantidad de privados de libertad en condiciones de salud muy deplorables como: cáncer en etapa terminal, tuberculosis, VIH, bacterias muy peligrosas que ponen en peligro la salud de quienes padecen, así como presos con discapacidad física y motora entre otras enfermedades.
Valentín Santos recordó que recientemente se realizó el lanzamiento por parte del Poder Judicial, del Plan de Inclusión de Personas Privadas de Libertad, con el objetivo de facilitar la libertad en el menor tiempo posible de las personas que hayan cumplido la condena establecida. Igualmente socializaron sobre la necesidad de humanizar los centros penitenciarios.
“Es una oportunidad importante para recordarles a los operadores del sistema de justicia, que el artículo 38 de la constitución de la República, establece que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de las personas. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”, dijo.
“Llamamos la atención para que estos casos sean atendidos a través de los órganos señalados, sobre la base de compasión y el respeto a la dignidad, con el fin de que se varié la pena de estos seres humanos, para que el fin de sus días les sean mucho más dignos que en esas ergástulas cárceles”, agregó Valentín Santos.
Dijo que los jueces de la Ejecución de la Pena pueden accionar de manera oficiosa y no lo hacen, por lo que insta a tener un rol más activo en sus funciones en casos como los denunciados.
“Ante dichos casos la Procuraduría General de la República puede tomar acciones, ya que también representan esa parte de la sociedad de conformidad con la ley 133-11, la cual regula el sistema penitenciario y correccional”, puntualizó el director de la Defensa Publica.