El movimiento de “las sombrillas amarillas”, surgido en 2011, constituyó una extraordinaria acometida mediática y social que obligó al gobierno a cumplir con la ley que asigna el 4 % del PIB a la educación básica y preuniversitaria, una lucha comparable solo con el reclamo del “medio millón para la UASD”, en los 70’s.
La población se asoció con ese justo anhelo que llegó a cobrar tanta fuerza que fue imposible incluirle garantías jurídicas y administrativas para que el presupuesto educativo cumpla el propósito de impulsar la calidad educativa.
Todo aquel que colocaba alguna objeción al pedido del 4 % para la educación fue atropellado por la locomotora mediática que nunca se detuvo en alguna estación de reflexión a fin de garantizar uso adecuado y eficiente de los recursos.
De nada sirvió sugerir diseño y ejecución de un Plan Nacional de impulso a la calidad de la educación, especialmente en la actualización del currículo escolar y docente, así como un reenfoque de la tanda extendida, diseñada en principio para proveer merienda y almuerzo a los estudiantes.
En 2013 se puso en ejecución el 4 % a la educación en 2013, al que se han destinado en diez años más de un billón de pesos que literalmente se han tirado por el retrete, sin poder mostrar avances significativos en el sistema de enseñanza pública.
No son muchas las naciones de Centroamérica y el Caribe que destinan esa proporción del PIB en su presupuesto de inversión a los niveles básicos de la educación pública, pero serían mucho menos los que incurren en dispendios sin ningún control, como ocurre aquí.
Las sombrillas amarillas deberían reabrirse ante el drama educativo, sobre todo porque sus portadores de la sociedad civil impidieron hace diez años el desarrollo de una discusión sensata y útil sobre el destino de ese 4 %, por lo que ahora están compelidos a encabezar una necesaria jornada de autocrítica.
Con el mismo ímpetu que se impulsó esa lucha, los paraguas deberían reclamar el reencauzamiento de esas inversiones para que impacten en la calidad educativa y no se reedite el fatídico informe sobre inusitada violencia en las escuelas y bajísimo nivel de competencia estudiantil.
De cada cien pesos del erario, RD$20.1 son dirigidos a la educación básica donde en diez años se han malgastado o dispendiado mucho más de un billón de pesos, cuestión que debería llamar la atención de las sombrillas amarillas.
Se requiere revisar y subsanar ese historial de dispendio del presupuesto educativo, que arroja desastres tales como la adquisición de miles de millones de pesos en equipos que se volvieron inservibles y que apenas 0,7 % de los alumnos tuvo resultado satisfactorio en matemática.
Por Orión Mejía