La jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, varió este martes de preventiva a arresto domiciliario, la medida de coerción de los imputados en el caso Coral.
En el caso del Adán Cáceres, principal imputado, y Rafael Núñez de Aza, la jueza dispuso además el pago de RD$100 millones como garantía económica bajo la modalidad de contrato, el uso de brazalete electrónico y el impedimento de salida del país.
A la pastora Rossy Guzmán le impusieron el pago de una garantía de 50 millones de pesos bajo modalidad contrato, impedimento de salida, arresto domiciliario y grillete electrónico
Mientras que al hijo de Guzmán, Tanner Flete, además del arresto domiciliario, tiene impedida la salida del país y deberá usar un brazalete electrónico.
La jueza defendió su decisión alegando que venció el plazo de prisión preventiva de los implicados.
Mientras que Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), cuestionó la decisión, indicando que República Dominicana es el único país en el mundo en el que el debido proceso y la lógica solamente aplica para beneficiar a los procesados por casos de corrupción.
“Este tribunal, con la decisión de hoy, pretende que el Ministerio Público no haga grandes investigaciones, pretende que el Ministerio Público no haga investigaciones exhaustivas y pretende, en consecuencia, que el Ministerio Público ejerza de manera irresponsable su función”, dijo. Pero, “eso no va a pasar”, dijo Camacho.
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