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A RAJATABLA: El Fiscal y el menor

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El Constituyente, el legislador, la doctrina y la jurisprudencia han sido consistentes en establecer que el menor carece de discernimiento jurídico para realizar acuerdos que comprometan su integridad, imagen, honor e intimidad, derechos que deben ser tutelados por el fiscal, por encima de los padres o tutores.

Aquí no se aplica a cabalidad el Código de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, porque si así fuera los hospitales de maternidad no estuvieran repletos de niñas parturientas, ni miles de niños serían obligados a dejar las escuelas para convertirse en obreros o esclavos familiares.

Las redes sociales se colman de hienas y cocodrilos cuando se revela que algún funcionario, periodista o farandulero ha sido procesado por abuso sexual contra menores, pero no se conmocionan con el dato de que miles de niñas y adolescentes son obligadas a prostituirse o de que el 25% de las parturientas tienen edades entre 11 a 17 años.

El Ministerio Público ofrece aquiescencia a abusadores que violan y embarazan niñas a las que luego “mudan” para obligarlas a ejercer el papel de esposas adultas, el agravante de que también son madres prematuras.

En barrios populares, comunidades rurales y en sectores residenciales, son muchos los menores objeto de acoso o abuso sexual, muchas veces acompañado de maltrato físico y moral, sin que el Estado cumpla con su deber de protegerlos.

Cuando una niña de 12 o 13 años va un hospital a dar a luz, es el fruto de una violación disfrazada como un acto consensuado, junto con el certificado de nacimiento, el fiscal debe gestionar una orden de arresto contra el abusador para procesarlo conforme a la ley, porque ese tipo no es ni puede ser marido de la niña.

La ley protege a los menores contra abandono de familia, maltrato físico, impago de pensiones, explotación laboral, mendicidad, entrega sin consentimiento legal, agresión, exhibicionismo y explotación sexual entre otros ilícitos que obran contra su integridad y honor.

No es posible que el embarazo a causa de una violación sexual convierta a la niña abusada en mujer de su verdugo, ni tampoco es aceptable que el Ministerio Público reconozca el supuesto discernimiento de la víctima para aceptar una relación consensuada con el adulto violador.

¿Cuantas niñas o niños son o serán violados o abusados sexualmente en el día de hoy? ¿Cuántas niñas serán obligadas a cambiar su muñeca por un niño de carne y hueso? ¿Cuántos niños y niñas sufrirán pesadillas porque fueron objeto de abuso sexual por algún pariente o particular?

El procurador general debe saber que la protección de niños, niñas y adolescentes es un mandato con rango constitucional y que, por consiguiente, el fiscal es el tutor de los menores, a los que debe proteger en todo momento y circunstancia.

Por Orión Mejía (orion_mejia[@]hotmail.com)

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