Tribunal Superior Administrativo cita director OISOE por denegación de información

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El Tribunal Superior Administrativo citó al director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, a comparecer por ante la Tercera Sala para conocer de una acción de amparo por denegación de información interpuesta por la Fundación Poder Ciudadano (FUNPOCI).

La acción de amparo, que ha sido interpuesta por violación de las disposiciones de la ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y el artículo 49 de la Constitución que establece el

derecho a la información, busca que la OISOE y su director general, entreguen las informaciones requeridas por esa organización de la sociedad civil.

Poder Ciudadano ha solicitado a la OISOE, copias de los documentos del proceso de contratación, contratos, adendas y pagos de las contrataciones del Hospital Regional Dr. Juan Pablo Pina, de San Cristóbal, Hospital Maternidad Nuestra Sra. de la Altagracia, Distrito Nacional, Hospital Municipal Dr. Pedro E. Marchena, Bonao, Monseñor Nouel, Hospital de Santiago Rodríguez, y Hospital Regional Pediátrico Dr. Arturo Grullón, de Santiago.

Asimismo, exige la entrega de la información que acredita si la OISOE impuso o no las sanciones administrativas ordenadas por la Dirección de Compras y Contratataciones Públicas (DGCP), mediante ordinal tercero de la resolución No. 91/2015, dictada el 02 de octubre de 2015, a los servidores públicos involucrados en la elaboración de la enmienda Núm. 001 y en el Procedimiento de Urgencia No. OISOE-008-2013, los cuales, según constató la DGCP estuvieron plagados de violaciones a la ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.

La entidad, además, pide al TSA que condene al Ing. Francisco Pagán el pago de un astreinte de doscientos mil pesos (RD$200,000.00) por cada día de retardo en el cumplimiento de la decisión, en beneficio de Hogar Crea, Inc., (Dominicano).

A juicio del presidente de la entidad, Lic. Miguel Reyes, la negativa de la OISOE a entregar la información referida, no solo hace creer las sospechas de que esos procesos contienen anomalías que deberían ser investigadas por la Procuraduría Anticorrupción y la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, sino que además demuestran que esa institución continúa accionando de espaldas a la transparencia y los lineamientos de pulcritud y buena administración que impone la Constitución.

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