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La justicia ecuatoriana rechaza la demanda de Assange contra las nuevas normas de asilo

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QUITO, ECUADOR.- La Justicia de Ecuador rechazó ayer una acción de protección constitucional solicitada por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para que no se le aplique un documento que regula desde el 13 de octubre sus condiciones de vida en la embajada ecuatoriana en Londres, dijo el procurador general Iñigo Salvador.

La decisión la tomó una corte ecuatoriana tras una audiencia en la que el activista australiano prestó testimonio por videoconferencia, en la que expresó su temor a ver terminado el asilo.

La Jueza de la Unidad Civil de Pichincha, Karina Martínez, argumentó que la petición de Assange es improcedente e indicó que el Estado está facultado para establecer los lineamientos de convivencia. Durante la audiencia, que se extendió por seis horas, los abogados del fundador de Wikileaks alegaron que el protocolo establecido en la embajada afecta sus derechos,

Entretanto, los voceros del ministerio de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría de Ecuador enfatizaron que esas reglas, denominadas 'protocolo de convivencia', se establecieron porque la embajada ha sido diseñada como un lugar para atención al público, y no como residencia.

No obstante, los abogados de Assange insistieron en que la situación actual de su defendido es de "alto riesgo", en vista de que consideran que se han vulnerado sus derechos como asilado, precisa La Hora.

El activista, por su parte, ha denunciado que el interés de Ecuador es revocarle su condición de asilado. Su abogado, Carlos Poveda, ha dicho que Assange analiza la posibilidad de entregarse a la justicia británica, si hay garantías de que no procederá la extradición.

"Lo que se ha dicho es en virtud de lo que el Procurador (de Ecuador) ha manifestado que el Reino Unido había asegurado a través de algún documento de que ellos aseguraban por parte del Estado británico que no iba a haber extradición a un tercer país", señaló Poveda.

En virtud de eso, Assange ha dicho que se podría entregar a las autoridades británicas para que pueda ser juzgado de manera independiente y autónoma.

El procurador Íñigo Salvador y el canciller José Valencia fueron demandados por Assange por la incomunicación que él tiene en la embajada.

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