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España busca cargos de rebelión contra líderes catalanes

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BARCELONA (AP) — El gobierno central español tomó medidas el lunes para enjuiciar a los miembros del destituido gobierno catalán por crímenes por los que podrían pasar décadas en prisión, y algunas de los miembros del gobierno separatista viajaron a la capital belga, en donde un funcionario dijo que podrían solicitar asilo.

Mientras Cataluña pasó su primer día trabajando bajo las órdenes directas de Madrid tras los infructuosos esfuerzos del parlamento regional por crear una nueva nación, España se adentra en un nuevo territorio político en medio de una crisis sin precedentes.

Se vislumbra una nueva elección regional para el 21 de diciembre, en la que tanto separatistas como unionistas presentarán candidatos, pero es posible que, antes de eso, el país pase semanas de incertidumbre política.

En una escalada en las tensiones, el fiscal general del Estado José Manuel Maza dijo que buscará procesar a los miembros del gobierno separatista de la región por rebelión, sedición y malversación de fondos.

Maza dijo que solicitará a los jueces medidas cautelares en contra de políticos y del organismo rector del parlamento catalán que permitió una votación para la declaración de independencia del viernes. Maza no especificó si dichas medidas incluirán su arresto y detención antes de que se realice el juicio.

Los cargos por rebelión, sedición y malversación tienen sentencias máximas de 30, 15 y seis años en prisión, respectivamente. No quedó esclarecido de inmediato cuándo es que los jueces emitirán un falló a la solicitud del fiscal.

Entre los que enfrentan cargos se encuentra el destituido presidente regional Carles Puigdemont, su vicepresidente Oriol Junqueras, así como la presidenta del parlamento catalán Carme Forcadell.

La mañana del lunes se desconocía el paradero de Puigdemont. La incertidumbre prolonga el juego político con el que el líder catalán ha atormentado al gobierno nacional desde que hace casi dos meses anunció que la región realizaría un referendo independentista el 1 de octubre, una consulta que el gobierno central rechazó y describió como ilegal.

Posteriormente se supo que Puigdemont viajó a Bruselas, viaje que fue confirmado por funcionarios españoles y un miembro catalán en el Parlamento Europeo, aunque Puigdemont no ha sido visto en público.

El secretario estatal para asilados de Bélgica, Theo Francken, dijo el fin de semana que “no sería descabellado” que Puigdemont solicitara asilo. La prensa española reportó que otros cinco miembros del gobierno de Puigdemont viajaron con él a la capital belga.

El abogado belga Paul Bekaert dijo a la televisora VRT que Puigdemont lo consultó y comentó: “No está en Bélgica específicamente con la intención de solicitar asilo político. Eso aún no se decide”.

Bélgica permite solicitudes de asilo de ciudadanos de otras naciones de la Unión Europea y en el pasado, se negó la extradición a España de algunos separatistas vascos durante su proceso de asilo, lo que provocó años de fricciones.

Sin embargo, sería excepcional que Bélgica otorgara asilo a otro miembro de la Unión Europea basándose en los argumentos de que la represión pondría en riesgo el pleno ejercicio de sus derechos.

Al ir tras Puigdemont y algunos de sus allegados políticos, las autoridades españolas aparentemente esperan enviar un mensaje de que no se tolerarán los intentos por dividir a España. El país cuenta con 17 regiones autónomas, incluyendo Cataluña, pero la constitución señala que España es “indivisible”.

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